El crimen de almorzar sin papeles

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¿Sabía usted que en Maryland hasta la fecha era un crimen poder sentarse a almorzar en público sin tener consigo documentación de inmigración?

Afortunadamente, esta semana una corte federal puso fin a esta injusticia que ocurrió en el condado de Frederick, gracias a la valentía de una hispana, Roxana Orellana Santos, quien reto a la policía y vivió para contarlo.

En octubre 2008 Orellana Santos, estaba sentada almorzando en un área pública frente a su trabajo, sin ninguna justificación aparte de su apariencia hispana, tal y como lo definen los agentes policíacos del condado, dos policías empezaron a interrogarla y pedirle identificación. Determinaron que Roxana tenía una orden pendiente de deportación, y ahí fue cuando empezó la tragedia que ella tuvo que vivir incluyendo cuarenta y seis días de detención, sin poder ver a su hijo pequeño que apenas tenía dos años.

Al poco tiempo después de su encarcelación abogados de la organización LatinoJustice PRLDEF, la Casa de Maryland, y el bufete de abogados de Nixon Peabody entablaron una demanda a su favor contra el condado, los agentes y en particular en contra el aguacil de Frederick County, Charles Jenkins.

Y es aquí que el cuento se pone interesante. Jenkins aparentemente aspira ser el Alguacil Joe Arpiao del Este. Elegido por los votantes del condado en 2007 basado en su plataforma anti-inmigrante, el Sheriff Jenkins inmediatamente se aprovechó de los programas de adiestramiento regulado por la administración de Bush titulado 287-g. El propósito era sencillo: ¿cómo adiestrar agentes de la policía local en la búsqueda de criminales indocumentados? Claro está que ese propósito fue manipulado para justificar la táctica de perfil racial – un mundo donde ser latino es un crimen y la meta es hacerles la vida imposible a las comunidades de inmigrantes latinos. En ese mundo, Alguacil Jenkins orgullosamente proclamaba sus logros por su mano dura contra los inmigrantes, hasta el punto de declarar que había arrestado a su inmigrante número 500.

El litigio no fue fácil. Al principio la corte federal le dio toda la razón al condado y a sus agentes policíacos. El hecho que la víctima carecía una autorización para permanecer en el país justificaba las maniobras y la violación de sus derechos constitucionales. Los abogados apelaron y renovaron su solicitud al Departamento de Inmigración para evitar la deportación. El caso empezó a alcanzar atención en los medios con el lema “Eating While Brown” — comiendo siendo un latino — el cual se utilizó para dar más énfasis a lo injusticia de ser acosado por el sencillo hecho de almorzar en público.

Esta semana la corte de apelaciones determinó que la policía estatal o local no puede arrestar a nadie simplemente por el mero hecho de sospechar que hayan cometido una violación de las leyes de inmigración. Además, el hecho de que Inmigración ordene la deportación de cualquier individuo no justifica el arresto ilegal de una persona ya que la policía local no puede aplicar leyes federales. El condado de Frederick County al ser juzgado puede ser culpable de esta violación, pero la corte permitió que los agentes salgan libre de culpabilidad.

Hoy la Orellana Santos tendrá otro día en la corte, y esperamos, otro término de suspensión de cualquier acto por el Departamento de Inmigración. “Fue obvió que los aguaciles del condado detuvieron a la Orellana Santos solo con excusas de hacerle preguntas a la vez que su jefe se pasaba proclamado sus éxitos en arrestar inmigrantes. Esto es la esencia de un caso de perfil racia”l, dijo José Pérez uno de sus abogados de LatinoJustice PRLDEF.

Y por medio del ejemplo de esta persona humilde, la ley ha mejorado para el beneficio de miles de latinos.

(Juan Cartagena es el presidente de LatinoJustice PRLDEF)

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