Congreso pide cuentas al ICE por trato a embarazadas
El Congreso pedirá a la agencia a rendir cuentas sobre el uso de fuerza en mujeres migrantes embarazadas
Juana Villegas durante una protesta ante la Corte Suprema de Tennessee, el 14 de junio de 2012. Villegas fue encarcelada y mantenida con grilletes en Nashville mientras daba a luz a su hijo, Gael Carachure. Crédito: Archivo / AP
WASHINGTON.- En el presupuesto de $1,1 billones para el año fiscal 2014 que aprobó la Cámara de Representantes para financiar las operaciones del Gobierno, se exige la rendición de cuentas sobre el trato de mujeres embarazadas detenidas por Inmigración.
También se exige a la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) medidas para reducir los gastos de detención, y para asegurar que sus contratos con las cárceles cumplan con las normas sobre el trato de mujeres embarazadas bajo su custodia.
En total, ICE recibirá unos $2.800 millones para sus operaciones en los centros de detenciones, además de un incremento de $147 millones para el mantenimiento de 34 mil camas en esas instalaciones.
“Se espera que ICE tome medidas para asegurar que todos sus contratos y acuerdos apliquen la excepción sobre el uso de la fuerza para todas las mujeres embarazadas detenidas” por la agencia, precisa el documento.
En declaraciones a La Opinión, la subsecretaria de prensa de ICE, Gillian Christensen, explicó que la agencia no hace comentarios sobre el proceso legislativo, pero tiene una política clara sobre mujeres embarazadas.
Esa política, resumida en este documento de 2010, instruye a los agentes de ICE “a no detener a mujeres embarazadas o lactantes a menos que lo requiera la ley, o surjan otras circunstancias extraordinarias”, dijo Christensen.
La prioridad de ICE es la deportación de criminales, agregó, de quienes cruzan ilegalmente la frontera y de personas que reinciden en la violación de las leyes migratorias.
Christensen aseguró que ICE se toma “muy en serio” la obligación de velar por la salud y el bienestar de los detenidos, de manera que reciban “un tratamiento médico oportuno y apropiado”.
ICE puso en marcha reformas en los centros de detenciones y prohíbe el uso de dispositivos que restrinjan el movimiento de los detenidos, salvo en casos excepcionales.
En el caso de mujeres embarazadas o parturientas, se requiere primero un permiso médico para restringirlas.
El texto legislativo responde a incidentes en 2013 según los cuales al menos una decena de mujeres embarazadas fueron detenidas por ICE.
ICE prohibió la práctica de restringir a las detenidas mediante el uso de esposas salvo en casos extraordinarios, y ahora, consultados por La Opinión, grupos defensores de los inmigrantes aplaudieron que el Congreso la haya codificado en la legislación presupuestaria.
“Nos complace ver que el Congreso reconoce que el trato de las detenidas embarazadas (bajo custodia de ICE) no ha sido adecuado y se les tiene que tratar humanamente”, dijo Amy Fettig, principal abogada de la Unión de Libertades Civiles de EEUU (ACLU).
“En el sistema judicial en general se permite esposar y restringir a embarazadas -es rutinario en el traslado a hospitales-, y sólo 18 estados regulan esa práctica. Nos preocupa que como ICE tiene contratos con cárceles locales y de condados, que albergan a mujeres, a las embarazadas se les vaya a tratar de igual manera… ICE tiene que hacer cumplir sus normas”, subrayó Fettig.
ICE no pudo precisar si aún tiene mujeres embarazadas bajo su custodia o cuántas.
Entre los 18 estados que prohíben o restringen el uso de esposas para prisioneras embarazadas figuran California, Nueva York, Arizona, Florida y Texas, según ACLU.
Lynn Tramonte, subdirectora de America’s Voice, dijo que, en todo caso, “es un despilfarro del dinero de los contribuyentes y una afrenta a los valores de nuestra nación detener embarazadas que no suponen una amenaza concebible para nadie”.
También se quejó del presupuesto autorizado para las camas en los centros de detenciones que, a su juicio, refleja el “exitoso cabildeo de la industria de las prisiones privadas”.
