Tribunal Supremo escucha argumentos en caso contra cuotas obligatorias de sindicatos

WASHINGTON.- Al escuchar los argumentos orales en una demanda entablada por diez maestros de California opuestos al pago obligatorio de cuotas a los sindicatos, los jueces conservadores del Tribunal Supremo dejaron entrever este lunes que apoyarían revertir un dictamen de 1977 sobre el asunto, lo que podría afectar la futura influencia y salud financiera de los sindicatos de empleados públicos en todo el país.

Durante una audiencia de 80 minutos, el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, y el juez Anthony Kennedy,  sugirieron que se sumarían a los otros tres jueces conservadores para revertir el dictamen de 1977, que permite a los sindicatos de empleados públicos recabar millones de dólares en cuotas incluso de personas no afiliadas.

A juzgar por sus declaraciones, Roberts y Kennedy previsiblemente se sumarían a los jueces Antonin Scalia, Samuel Alito y Clarence Thomas, en contra de que los sindicatos, apoyados por leyes estatales, sigan cobrando las cuotas a miembros no afiliados.

Roberts señaló que la mayoría de los maestros representados por un sindicato en California apoya las negociaciones colectivas y que, a su juicio, la queja de que algunos maestros se benefician sin ser miembros es “verdaderamente insignificante”.

Por su parte, Kennedy afirmó que, con las cuotas obligatorias, los maestros “están siendo silenciados” aún cuando se oponen a ciertas políticas que promueven los sindicatos.

Los cuatro jueces restantes, de corte progresista, argumentaron hoy que la máxima corte debe mantener sin cambios el dictamen de 1977.

Demanda de conservadores

La demanda de 2013 contra la influyente Asociación de Maestros de California (CTA, en inglés), que representa a 325,000 empleados, llegó hasta el Tribunal Supremo después de que los demandantes –maestros no afiliados al sindicato- sufrieran sendos reveses en dos tribunales federales.

El Tribunal Supremo deberá decidir, a finales de junio próximo, si la obligatoriedad de las cuotas viola la libertad de expresión de los maestros no afiliados a los sindicatos, como argumentan los demandantes.

Según la demanda, respaldada por el conservador Centro para los Derechos Individuales, el obligar a los empleados públicos a afiliarse a un sindicato con el que no comulgan viola la libertad de expresión y otros derechos consagrados bajo la Primera Enmienda.

En la actualidad, los sindicatos de empleados públicos en 23 estados, incluyendo California, Nueva York, e Illinois, tienen la obligación de representar tanto a miembros afiliados como a los que no lo son.

Se calcula que el 35,7% de los trabajadores públicos pertenece a sindicatos, en comparación con el 6,6% de los empleados del sector público.

Según la Oficina de Estadísticas Laborales,  buena parte de todos los trabajadores pertenece a sindicatos en esos estados. En California, por ejemplo, el 17,5% de los empleados está afiliado a sindicatos, mientras que en Nueva York, la cifra alcanza el 25,8%.

¿Quién es Rebecca Friedrichs?

El caso ante el Tribunal Supremo fue iniciado por Rebecca Friedrichs, maestra en una escuela pública en el Condado Orange en California durante los últimos 28 años, que dijo estar harta de subsidiar la agenda política de los sindicatos.

Friedrichs paga $650 al año en cuotas destinadas a las actividades de negociación colectiva de su sindicato, aunque preserva su derecho de no contribuir los $350 adicionales que recaba el sindicato para esfuerzos políticos o de cabildeo.

Aún así, Friedrichs y el resto de los demandantes creen que esa opción no es suficiente, y por eso piden que el Tribunal Supremo falle a su favor.

La polémica por las cuotas

Los sindicatos utilizan las cuotas para cubrir los gastos relacionados con la representación de los empleados y la negociación de convenios colectivos.

Según David Frederick, el abogado que representa al sindicato de maestros de California,  un fallo en contra por parte del Tribunal Supremo tendría enormes repercusiones porque “pondría en tela de juicio los contractos que cubren a 9,5 millones de empleados públicos”,  que además de maestros incluye a agentes policiales, bomberos, trabajadores sociales, y equipos de emergencia.

Un fallo en contra, está claro, debilitaría enormemente el poder de los sindicatos de empleados públicos.

En 1977, en el caso “Abood v. Detroit Board of Education”, el Tribunal Supremo determinó que los empleados públicos no afiliados a sindicatos sí podían ser obligados a pagar cuotas, no para fines políticos sino para costear el trabajo de negociación colectiva. Es decir, que también ellos contribuyeran al costo relacionado con sus beneficios.

En nombre de los demandantes, el abogado Michael Carvin argumenta que el Tribunal Supremo debe revertir el dictamen de 1977, porque el gobierno no tiene un interés legítimo de forrar los bolsillos de los sindicatos a expensas de empleados que no quieren afiliarse, y la solución sería que los maestros  tengan la “opción” de decidir si quieren o no pagar la cuota exigida por los sindicatos.

Pero el abogado David Frederick, que representa a la CTA, replica que los demandantes solo quieren beneficiarse de la labor de los sindicatos sin que les cueste un centavo.

“Nadie está privando a los maestros de su derecho a hablar públicamente de sus creencias en torno al salario en base a méritos, o de hacer presión (política) ante la legislatura”, o pronunciarse a favor o en contra de políticas educativas, explicó Frederick.

El poder de los sindicatos

El movimiento sindicalista, que ha venido perdiendo miembros en las últimas décadas, insiste en que los sindicatos son lo único que protege a los trabajadores de la explotación y abuso de sus empleadores, al exigir reglas claras sobre sus condicionales laborales y sus salarios.

Y de todos los sindicatos, los de los maestros figuran entre los más influyentes: la CTA, por ejemplo, tiene 325,000 miembros y recabó $174,4 millones en cuotas tanto de miembros como de no afiliados en el ciclo 2013-2014.

Mientras, la Federación de Maestros Estadounidenses tiene 1,6 millones de miembros y recabó $177,4 millones en cuotas durante ese período.

Lily Eskelsen García, presidenta de la Asociación Nacional de Educación (NEA), una organización de 2,9 millones de educadores y a la que pertenece la CTA, advirtió de que un fallo en contra del Tribunal Supremo solo debilitará el poder de negociación colectiva que beneficia a los trabajadores en este país.

Varios sindicatos nacionales, incluyendo el de enfermeras y el Sindicato Internacional de Trabajadores de Servicios (SEIU, en inglés) encabezaron una protesta esta mañana en el Tribunal Supremo, argumentando que la demanda es una estrategia conservadora para minar a los sindicatos y que el caso Friedrichs  representa una amenaza a la seguridad pública.