Violencia en el penal Rikers Island dispara las demandas

La ciudad de Nueva York pagó $13.1 millones en 2015 para hacer frente a indemnizaciones, judiciales y extrajudiciales, planteadas en demandas y quejas por víctimas de violencia en los correccionales de la ciudad, particularmente en los de la controversial cárcel Rikers Island.

Son cifras que se recogen en un informe que hizo público el miércoles el contralor de la ciudad Scott Stringer, y que muestra que el año pasado se interpusieron 2,846 quejas ante el Departamento de Correccionales, un 27% más que en 2014. Es un porcentaje que afirma la tendencia al alza que se ha registrando en los últimos siete años en los que las demandas han aumentado en un 172%.

La oficina de Stinger tiene datos que, además, mantienen que la situación está lejos de mejorar este año. Según el informe entre enero y febrero han aumentado las demandas un 38% con respecto a los mismos meses del año anterior.

Consecuentemente, la Ciudad de Nueva York está usando cada vez más fondos públicos para hacer frente a estas demandas que llegan tanto por parte de presos como por parte del personal de las prisiones. El año pasado se dedicó un 66% más de dinero a estas indemnizaciones que en 2014 y desde 2009 la subida ha sido del 122%.

La mayor parte de los problemas llegan de la prisión de Rikers Island, uno de los penales más grandes del país. Uno de sus centros, el Anna M. Kross Center, es el origen de 593 demandas, el que más de todos por séptimo año consecutivo aunque el Comando de Enfermería Norte de la isla ha visto el mayor aumento porcentual de estas en el último año.

En un comunicado, Stringer afirmaba que  hay “una crisis humanitaria en Rikers que está perjudicando tanto a presos como a oficiales  y tenemos la obligación como Ciudad de dar respuesta al sufrimiento y la violencia en nuestras cárceles”.

La solución para Rikers no está siendo fácil y está dividiendo a los políticos de la ciudad. Por un lado la presidenta del Concejo, Melissa Mark-Viverito, quiere que una comisión estudie cómo cerrar esta cárcel. Es una posicoón que cuenta con el apoyo tanto del gobernador, Andrew Cuomo, como del propio Stringer. Por otro lado, el alcalde, Bill de Blasio, y el comisionado de Policía, William Bratton, consideran que el cierre es imposible por lo elevado de sus costos.

Desde el Ayuntamiento, la portavoz del Alcalde,  Mónica Klein, explicaba que en 2015 se ha reducido un 23% el uso serio de fuerza (incidentes que requieren atención médica y pueden dar lugar a una demanda) y los asaltos de presos a personal de prisiones se ha rebajado un 11%.

Klein explica que parte de los pagos que se hicieron el año pasado se derivan de procedimientos abiertos en años anteriores. Tres de los acuerdos de indemnización por incidentes que han costado vidas (entre ellos las de Angel Ramiez y Andy Henriquez) tienen origen en fechas anteriores al nombramiento del actual comsionado de Correccionales, Joseph Ponte.

Ponte se hizo cargo de este departamento en marzo de 2014 y en noviembre de 2015 puso en marcha una nueva política de uso de fuerza.