Cuarto informe de gobierno de EPN: 4 años de arrastrar la violencia
La violencia del crimen organizado continúa siendo el lastre de la administración de Enrique Peña Nieto
MÉXICO.- Un exfuncionario del gobierno de Cancún baja la voz, como si alguien más lo fuera a escuchar, y describe: en Quintana Roo –la joya del turismo en México- operan algunos cárteles que se reparten discretamente el botín del narcomenudeo desde hace unos años.
“El problema crecerá cuando se salga de las manos porque llegaron los Zetas y ya empezaron a extorsionar”, agrega desde el anonimato a este diario.
La información, que no es más que un secreto a voces en las regiones otrora pacíficas del país, explica un fenómeno conocido como “efecto cucaracha”, cuando los delincuentes huyen a otros sitios al ser atacados en sus escondrijos. Quintana Roo no es la excepción: en los últimos meses Colima y Guanajuato, dos entidades que durante años fueron las más tranquilas del país, ahora son bombas de nota roja.
“El crimen no se ha controlado, se ha desplazado”, precisa José Antonio Ortega, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. “Se movió y creció porque tomó por sorpresa a esas autoridades”.
La violencia del crimen organizado continúa siendo el lastre de la administración de Enrique Peña Nieto, quien prometió devolver la paz al inicio de su administración con “un golpe de timón” a la estrategia que venía realizando su predecesor Felipe Calderón.
Pero “no lo hizo”, observa Jonathan Furszyfer, de la organización México Evalúa. “Lo que hizo fue seguir con la misma estrategia de descabezar a las organizaciones y eso genera que organizaciones más pequeñas y más violentas se peleen y extiendan por diversos territorios”.
En el documento de su Cuarto Informe de Gobierno, Peña reporta que de los 122 “objetivos relevantes de la delincuencia organizada” (capos) que se detectaron al inicio de su gobierno, sólo falta por capturar 21; el resto fue “neutralizado”; o sea, detenidos (87) o abatidos (14) en el intento de su aprehensión.
El resultado ha sido positivo en términos de incautaciones: en el último año se logró frenar la venta de 4,110 millones de dosis de diferentes drogas –desde marihuana, amapola, sintéticas, heroína y cocaína-, sin embargo, ha sido contrario para la sociedad.
Un recuento publicado este viernes por el diario Milenio da cuenta de que en la administración de Peña el número de asesinatos violentos ha ido en incremento y particularmente el 2016 se perfila como uno de los más radicales: entre enero y agosto se contabilizaron 6,978 muertes.
La explicación a este repunte tiene dos vertientes más. El analista Furszyfer dice que en la medida en que se mejoran las tecnologías de estadística y monitoreo, “como ha ocurrido en este sexenio”, hay un mejor reflejo de la realidad que anteriormente no se veía.
Por otro lado, a pesar de que los municipios han sido la célula más débil en el proceso de seguridad, no fue sino hasta hace unos días que el presidente inició una estrategia de solidaridad con los 42 municipios que concentran el mayo número de asesinatos.
“Los municipios en extrema pobreza o con subdesarrollo institucional se vieron presos de las acciones del crimen organizado sin estar preparados para ello”, observa el politólogo Cristopher Ballinas.
