NYC protegerá a trabajadores independientes

Una nueva ley asegura que los freelancers cobren en un plazo mínimo, tengan contratos y una vía de resolución de conflictos

Los freelancers se manifestaron ayer en las escalinatas del ayuntamiento./Cortesía

Los freelancers se manifestaron ayer en las escalinatas del ayuntamiento./Cortesía Crédito: Cortesía

Los trabajadores independientes, freelancers, estarán más protegidos en NYC que en ninguna otra ciudad del país si el jueves se aprueba, como está previsto, la ley “Freelance isn´t free” (el trabajo independiente no es gratis).

El miércoles ya fue aprobada por el comité de Asuntos de Consumidores esta propuesta legislativa que contempla la creación de un contrato mínimo, un plazo de 30 días tras finalizar el trabajo para pagar la labor del freelance y un procedimiento de reclamación de honorarios que asegura la imposición de penalizaciones. El contrato es obligatorio en caso de que el valor del trabajo sea superior a $800 o sumen esta cantidad las labores encomendadas a la misma persona por el mismo empleador en 120 días.

La propuesta, presentada por el concejal Brad Lander, es un avance legislativo en los derechos de unos trabajadores que no están cubiertos por las garantías que ofrece el trabajo en plantilla. Dada la expansión de la llamada “gig economy” esta ley puede servir como modelo en otras municipalidades. En EEUU hay 55 millones de trabajadores independientes, 3.86 millones de ellos en NYC.

La ley, que está apoyada por el sindicato de estos trabajadores, Freelancers Unión, establece un contrato mínimo en el que se establece el detalle del trabajo y la fecha de pago o mecanismo para establecerla. En caso de no hacerlo, se debe remunerar al trabajador en 30 después de hecha la labor. Según un informe del sindicato el 71% de los freelancers tiene problemas con el cobro de sus honorarios y muchas veces se les fuerza a aceptar menor compensación para poder acceder al dinero. Esta práctica que cuesta alrededor de $6,000 como media al año a cada trabajador.

La ley establece la intervención de la dirección de la Oficina de Estándares Laborales del  Departamento de Asuntos de Consumidores, en la resolución de conflictos. Normalmente estos trabajadores pueden recuperar lo que se les debe en juicio pero son procesos de muy baja cuantía que resultan en costos legales muy elevados por lo que normalmente no llegan a los tribunales.

Esta nueva legislación prohibe la renuncia de los derechos de los freelancers.

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