Recomiendan a DHS mantener lucrativo negocio de cárceles privadas

Piden activistas a la Oficina de Inmigración y Aduanas incrementar su supervisión de esos espacios

¡Muestra tu orgullo latino!

Sigue al Campeón de los Hispanos en Facebook
Recomiendan a DHS mantener lucrativo negocio de cárceles privadas
El 65% de los detenidos por DHS son enviados a prisiones privadas.

WASHINGTON.- Pese a denuncias del grave maltrato de inmigrantes en cárceles privadas, un subcomité del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) recomendó este jueves que la agencia siga usándolas para inmigrantes en trámites de deportación.

El subcomité del Concejo de Asesores de Seguridad Nacional entregó su borrador de informe, con 14 recomendaciones, al secretario de Seguridad Nacional, Jeh Johnson, durante su última reunión del año, en el que avaló continuar el lucrativo negocio de las cárceles privadas pero aconsejó también un “robusto” régimen de inspecciones.

El secretario de Seguridad Nacional, Jeh Johnson, recibió hoy el informe que recomienda continuar el uso de prisiones privadas. Foto: María Peña/Impremedia
El secretario de Seguridad Nacional, Jeh Johnson, recibió hoy el informe que recomienda continuar el uso de prisiones privadas. Foto: María Peña/Impremedia

Entre las 14 recomendaciones, el subcomité liderado por Karen Tandy dijo que la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) debe incrementar su supervisión de esos espacios que alojan a la mayoría de los más de 40,000 inmigrantes bajo su custodia-, e intente limitar la estancia en cárceles del condado a sólo 72 horas.

Los expertos argumentaron en el informe que el uso de esas prisiones se justifica ante la creciente ola de inmigrantes indocumentados y la urgente necesidad de más espacio para alojarlos.

Sin embargo, el uso de esas cárceles “debe estar acompañado de una mayor y mejor supervisión de ICE, y de una mayor exploración de otros modelos para fortalecer el control, respuesta, y rendición de cuentas de ICE para las operaciones diarias” en los centros de detención, indicó el documento.

En ese sentido, ICE “debe buscar otras formas de reducir su dependencia en la detención en cárceles del condado”, agregó.

En la actualidad, el 65% de los detenidos por DHS va a parar a prisiones privadas, mientras que el 25% se encuentra en cárceles locales, y el 10% está albergado en centros de detención que pertenecen o son operados por ICE.

Según datos de ICE, hasta el pasado 19 de noviembre, tenía bajo su custodia a 40,875 inmigrantes, el 91% de los cuales están repartidos en 197 centros de detención, sin incluir las instalaciones para familias.

La agencia anticipa que, ante el aumento en el flujo de inmigrantes indocumentados, el número de detenidos se inflará a 47,000 para junio de 2017.

Reacción de ICE

En una declaración escrita, a manera de reacción preliminar, ICE dijo que “revisará y sopesará las recomendaciones del concejo y adoptará los cambios que sean apropiados”.

Asimismo, ICE elogió la labor del subcomité y que el informe haya reconocido “el compromiso de la agencia de proveer un ambiente seguro y humano para aquellos bajo su custodia, a la vez que hace el mejor uso de sus recursos”.

“El sistema de detención civil de ICE tiene la meta de reducir los traslados, maximizar el acceso a abogados y visitas, promover el recreo (de los detenidos), mejorar las condiciones de confinamiento y asegurar un cuidado médico, dental y de salud mental de calidad”, afirmó la agencia.

¿Para cuándo la decisión final?

El informe no es vinculante y no se espera que Johnson, a quien solo le quedan dos meses en el cargo, tome hoy una decisión final al respecto.

Durante la reunión, Johnson no ofreció una decisión sobre el informe, aunque sí escuchó el rechazo unánime de grupos defensores de los derechos civiles y de los inmigrantes apiñados en el salón.

Johnson recibió el informe del Concejo de Asesores de Seguridad Nacional en su última reunión del año, en la que hubo fuertes desacuerdos sobre el asunto. Foto: María Peña/Impremedia
Johnson recibió el informe del Concejo de Asesores de Seguridad Nacional en su última reunión del año, en la que hubo fuertes desacuerdos sobre el asunto. Foto: María Peña/Impremedia

Así, el documento fue divulgado en medio de ánimos caldeados por el maltrato de inmigrantes en centros de detención, y la incertidumbre sobre el futuro rumbo de la política migratoria en la entrante Administración Trump, que apoya estas prisiones privadas.

Además, independientemente de lo que decida Johnson, el próximo titular del DHS puede anular o modificar esa decisión.

Durante la contienda, el ahora presidente electo, Donald Trump, prometió la deportación de toda la población indocumentada. Posteriormente, Trump precisó que primero deportaría a hasta tres millones de indocumentados con antecedentes criminales.

Johnson encargó una revisión interna del uso de prisiones privadas en agosto pasado, poco después de que el Departamento de Justicia decidiera abandonar paulatinamente esa práctica.

Rechazo unánime de comunidad inmigrante

Aunque se trata de un “borrador”,  el documento es una victoria para las empresas que operan las prisiones privadas a cambio de jugosos contratos federales.

Pero el documento de inmediato suscitó la repulsa unánime de activistas de grupos cívicos como la Unión de Libertades Civiles de EEUU (ACLU), la Agenda Nacional de Liderazgo Hispana (NHLA), y “Detention Watch Network”, que, micrófono en mano, descargaron su rechazo a las recomendaciones.

Joanne Lin, abogada de ACLU en Washington, dijo a Johnson que el DHS no debería incentivar al lucrativo negocio de prisones privadas, que tienen un historial de abusos de los inmigrantes y demás “poblaciones vulnerables”.

Lin puso el ejemplo de una prisión en el Condado de Cibola en Nuevo México, que perdió el contrato federal con la Oficina de Prisones del Departamento de Justicia pero que ahora consiguió uno nuevo con ICE.

Esa prisión tiene un historial “de abuso sexual, muerte de detenidos, y privación de cuidado médico”, advirtió Lin.

Más adelante, en declaraciones a este diario, Lin dijo que “no debe haber cabida en el DHS para lucrarse a expensas de los inmigrantes, especialmente de niños, madres,  solicitantes de asilo y otros grupos vulnerables”.

Joanne Lin, abogada de ACLU, dijo que el DHS no debe dar cabida a empresas privadas que se forran los bolsillos a expensas de la detención de "grupos vulnerables". Foto: María Peña/Impremedia
Joanne Lin, abogada de ACLU, dijo que el DHS no debe dar cabida a empresas privadas que se forran los bolsillos a expensas de la detención de “grupos vulnerables”. Foto: María Peña/Impremedia

“La detención de inmigrantes es una tarea federal pero esta Administración se la ha dejado a empresas de cárceles privadas, que se preocupan por forrarse los bolsillos… hemos visitado estas cárceles y sabemos que las condiciones y abusos allí son peores que en las instalaciones de ICE”, señaló Lin.

Andrea Senteno, abogada de MALDEF y miembro de NHLA, explicó que el DHS, en vez de apurarse a tomar una decisión, debe realizar un estudio más a fondo del asunto y tener “un mayor acercamiento con la comunidad latina” y demás comunidades afectadas desproporcionadamente por esta práctica.

El informe omitió voces de disensión como el “Detention Watch Network” (DWN), que recientemente entregó una petición con más de 250,000 firmas y una carta de 240 organizaciones exigiendo el cese de las prisiones privadas.

Para DWN, el subcomité está sentando un “precedente alarmante” porque, a su juicio, se preocupa más por las “consideraciones fiscales” que los derechos civiles, la seguridad y el derecho al debido proceso legal de los detenidos.

La meta del DHS debería ser reformar su fallido sistema de detenciones y reducir o eliminar el uso de prisiones privadas, indicaron los activistas, a los que sumaron en sendos comunicados otros grupos pro-inmigrantes y líderes demócratas del Congreso.

Tandy reconoció que el asunto es “muy controversial” y que su grupo tuvo “un enorme reto”, con tan solo 60 días para completar sus recomendaciones.

Te recomendamos