Cuidado con las promesas sobre “la tarjeta de los diez años”

En momentos en que muchos indocumentados están buscando desesperadamente una forma de defenderse legalmente de una posible deportación en el gobierno de Donald Trump, hay abogados, notarios y “llena papeles” que están ofreciendo la llamada “tarjeta de los diez años”.

Pero según especialistas en ley migratoria, no existe una “tarjeta de diez años”, lo que existe es un proceso muy complicado por el cual un inmigrante con más de diez años en este país y que cumple otros requisitos, como tener dependientes en condiciones de salud extremas, puede acudir a un juez y pedir su legalización.

Este proceso se llama, en inglés “cancellation of removal” , es dificil de obtener y debe presentarse solamente con el entendimiento del migrante de que para hacerlo debe entrar en un proceso de deportación y que si se le niega, podría ser expulsado del país, explican los expertos.

La práctica tiene sus problemas éticos y legales y en algunos casos puede ser legítima, aunque en muchos otros podría tratarse de fraude cometido por personas inescrupulosas que buscan lucrar con la desesperación del inmigrante.

El rumor ya está corriendo fuerte por la comunidad inmigrante. Shiu Ming Cheer, abogada principal del National Immigration Law Center (NILC) dijo que hace unos días estaba dando una charla informativa en la comunidad y alguien levantó la mano para preguntar por “la solución de los 10 años”.

“No recuerdo sus palabras exactas, pero la idea es que hay personas que creen que, con solo tener 10 años en el país e hijos nacidos aquí, van a obtener un permiso de trabajo o una tarjeta de residencia”, dijo la abogada.

Pero la realidad es otra.

Muchos posibles casos de fraude

Charles Kuck, abogado de inmigración de Kuck Immigration Partners en Atlanta, Georgia, advierte que se está viendo un creciente número de casos en los que los inmigrantes pagan miles de dólares a abogados que presentan casos de asilo en nombre de clientes que no están bien documentados ni tienen posibilidad alguna.

Mientras esos casos esperan su resolución ante tribunales, el cliente puede obtener un permiso de trabajo temporal y estar legalmente por un tiempo.  Pero es difícil ganar un caso de asilo, y para personas que han estado indocumentados o sin autorización por mucho tiempo, esto podría llevar a un proceso de deportación muy difícil de detener.

“Hay muchos abusos. Les dicen a los clientes que les van a buscar la tarjeta de los diez años pero lo que hacen es meter un caso de asilo que no es válido, un juez lo rechaza, cae en un proceso de deportación”, dijo Kuck. “O se les dice que una vez que están frente a un juez pedirán la llamada “cancelación” de deportación, pero no tienen un buen caso tampoco y terminan deportados”.

Para ganar un caso de asilo, hay que comprobar un peligro y amenaza específica que arriesga la vida del migrante si regresa a su país de origen. Son casos muy difíciles de lograr, especialmente para mexicanos, explican los letrados.

Un caso de asilo que se pierde resulta en un proceso de deportación, explicó la abogada de NILC, Shiu Ming Cheer. “Algunos migrantes serían entonces elegibles para obtener la cancelación de su deportación si tiene más de 10 años en el país y si tiene dependientes con casos extremos de salud para quienes su deportación sería extremadamente peligrosa”.

Los “diez años” no garantizan nada

En otras palabras, para lograr quedarse con el proceso “de los diez años”, no basta con tener hijos en este país, que sean ciudadanos o residentes legales, tiene que haber una razón de peso, como un hándicap grave o una condición de salud de esa tercera persona, para que el migrante pueda siquiera luchar el caso.

Incluso así, tampoco es fácil.

Kuck señala que hace 5 años tuvo un caso de una persona indocumentada con 4 hijos que tenían discapacidades graves. “Dos eran sordos, uno era sordomudo, otro tenía parálisis cerebral”, contó. “Y aún así, me tomó 2 años de trabajo que las autoridades aceptaran que calificaban para esta opción”.

El abogado alega que hay algunos practicantes que están presentando cientos y hasta miles de casos de migrantes que no califican, sólo para sacarles dinero.

Esto no es una nueva táctica: hace 13 años en el sur de California, seis empleados de una organización llamada “La Guadalupana” en Santa Ana, California, fueron procesados por presentar casos de asilo fraudulentos en nombre de 200 clientes. Abogados de inmigración han sido sancionados por una práctica similar, algunos han perdido su licencia para practicar ley.

El abogado de Sherman Oaks Edgardo Quintanilla advierte que hay que tener mucho cuidado con pedir asilo para una personas que no ha sido detenida por inmigración y si tiene más de un año de haber llegado al país.

“Es difícil lograr un asilo en esas circunstancias, hay serios problemas legales y éticos para un abogado que acepta o sugiere hacer esto, porque el riesgo de fracaso y deportación es muy alto”, dijo Quintanilla. “Esto me recuerda lo que vimos en Los Angeles hace algunos años, muchos casos de asilo falsos”.

El pasado 1 de Noviembre, la Asociación Nacional de Abogados de Inmigración AILA publicó un documento entre sus miles de miembros en los que discutía las “consideraciones éticas” en la decisión de un abogado de presentar un caso de asilo para llegar a la “cancelación” de deportación.

El documento puede leerse aquí y explica a los abogados de inmigración que esta práctica, aunque válida en algunos casos legítimos, es problemática desde el punto de vista ético y legal. “Se ha vuelto una práctica generalizada”, explica el documento.

“Hay oficinas de asilo que tienen retrasos de dos y tres años entre la presentación de la solicitud y la entrevista de asilo, por lo que hay abogados que la presentan cuando sus clientes tienen ocho años en el país, para que cuando lleguen a la entrevista ya hayan cumplido los diez años”, explica el documento.

Agregan que otros abogados reciben consultas de clientes que no sabían que estaba presentando una solicitud de asilo cuando les ofrecieron el “proceso de los diez años”. Muchos migrantes pagan entre 4000 y 6000 dólares por ese proceso y está ocurriendo en las comunidades latinas y asiática. 

No obstante, Reid Trautz, director de práctica y profesionalismo de AILA, dijo que no siempre se trata de un fraude. “Hay una diferencia entre fraude y un caso que tiene pocas probabilidades pero que aun así el cliente decide llevar a cabo porque están desesperados”.

Agrega que “hay abogados que deciden presentar esos casos y puede ser legal y ético, pero se trata de un área muy estrecha de la ley y el cliente debe estar muy consciente de a lo que se expone”.

Para Kuck, se trata de un abuso del sistema que puede terminar por dañar a personas que tienen un caso legítimo de asilo.  No obstante, los migrantes obtienen un permiso temporal y algunos lo ven justificado, aunque al final puedan terminar enfrentándose a una deportación.