El drama de las “pobres” pensiones que recibiben los viejitos en México

MÉXICO – Lo que más entristece a María Arias, de 66 años, sobre su “pobre pensión” es la falta de independencia económica frente a su hijo único. Esto implica aceptar regalos que a ella misma le gustaría costearse como hacer un paseo fuera de su ciudad pero el dinero no le alcanza más que para la comida, algo de ropa y eso que no tiene que pagar una renta.

“Es imposible que yo vaya a Salvatierra (Guanajuato) con mi propio dinero”, dice con un dejo tristón después  de una reunión de la Coalición Nacional de Jubilados y Pensionados “Profesor Elpidio Domínguez Castro”, una asociación civil que busca dignificar a los adultos mayores en México por el bien del futuro: hoy representan apenas el 10% del total de la población, pero para el 2050 los ancianos serán una cuarta parte.

La organización agrupa a adultos de la tercera edad jubilados y pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (que cotizaron para su retiro a través de empresas particulares) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los trabajadores del Estado (ISSSTE), entre los cuales, María Arias, es una de las más “afortunadas” con sus alrededor de 250 dólares mensuales de pensión; otros apenas rozan alrededor de 15 dólares en el mismo lapso.

Gabriel Ramírez, un ex profesor de 77 años el estado de Michoacán, es uno de los que se las ven más duras, de quienes necesita “a fuerza” apoyo de la familia  hasta para los alimentos a pesar de que trabajó y cotizó durante décadas hasta su jubilación a los 52 años.

Su retiro fue a una edad aún temprana porque en la década de los 90 el gobierno presionó mucho a los trabajadores para que se jubilaran porque la carga burocrática lo hacía desembolsar millones.

Para ese momento, la medida alivió mucho las finanzas públicas, pero tres décadas después, esos trabajadores envejecieron y representan otra vez una carga no prevista y no atendida a pesar de las advertencias de organismos internacionales; la más reciente, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

El organismo recomendó en 2015 aumentar la tasa de contribución obligatoria de los trabajadores en activo, incrementar la edad para la jubilación, disminuir la pensión a sobrevivientes y armonizar de las reglas del retiro en todo el país entre sus empleados porque hoy por hoy un funcionario de Pemex tiene mil veces más dinero a su retiro que un miembro del magisterio como Gabriel Ramírez.

Desde otra perspectiva, María Arias cree que las magras pensiones de la vejez mexicana se unen a otro tipo de problemas como retrasos de pago y falta de medicamentos (ella misma gasta una cuarta parte de su pensión en un analgésico que no tienen en el ISSSTE y ella tiene que comprar en farmacias particulares desde su retiro) están estrechamente relacionados a la corrupción.

“El gobierno federal entrega el dinero a las autoridades del IMSS y el ISSSTE pero luego ambas instituciones se atrasan o no lo entregan”.

Lo cierto es que cada año el presupuesto para pagar a los pensionados es uno de los más altos del gobierno para cubrir los gastos de alrededor de 45 millones de personas que han cotizado a través de empresas del gobierno y particulares: en 2017 fue de alrededor de 32,000 millones de dólares, casi la misma cantidad que se utiliza para el programa estrella de combate a la pobreza: Prospera.

“Se necesita hacer un esfuerzo real en el diseño y asignación de recursos dentro del presupuesto para encontrar una salida al círculo vicioso en el que nos encontramos, que es aumento del gasto en pensiones”, dijo Héctor Villarreal, director del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

Desde el gobierno, la postura ha sido más optimista. En noviembre de 2015, tras la advertencia de la OCDE, el entonces director del IMSS, declaró que ningún retirado estaba en riesgo de perder sus pagos y en un discurso paternalista explicó que el sistema de pensiones no “desaparecería” ni “colapsaría” porque estaba respaldado por el Estado mexicano, es decir, las finanzas públicas.

En ese tiempo aún no se había reconocido la crisis de los ingresos públicos por la disminución de la producción petrolera de la que depende el Estado en un 70%, pero este 2017 los pensionados vuelven a sentirse vulnerables frente a la crisis de ingresos que se unen a otros conflictos como el alza del dólar, la gasolina y la canasta básica.

“Yo quiero invitar a los funcionarios a que sobrevivan con 300 pesos (15 dólares al mes) y después hablen de seguridad social”, retó Gabriel Jiménez quien apenas tuvo dinero para el pasaje que lo llevaría a la reunión por sus derechos laborales.