Escudriñan órdenes migratorias de Trump y preparan demandas legales

Trump puede actuar dentro de la ley, pero no puede cambiar la ley misma, explican abogados. Ese es un trabajo del Congreso de Estados Unidos

Como ocurrió hace varias semanas con la orden de bloquear la entrada de viajeros provenientes de varios países musulmanes, las órdenes del presidente Donald Trump sobre la inmigración indocumentada ya están dando mucho trabajo a abogados de todo el país.

Expertos legales de las diversas organizaciones de derechos civiles y pro inmigrantes ya tienen casi un mes escudriñando las órdenes ejecutivas, que salieron en enero y ahora analizan los memos de implementación relativos a esas órdenes que se publicaron este lunes.

Aunque aún no han presentado demandas concretas, es solo cuestión de tiempo, dijeron varios de ellos en entrevistas con La Opinión.

“Como todo lo que tiene que ver con este gobierno, está claro que veremos muchas actividad legal”, dijo Marielena Hincapié del National Immigration Law Center (NILC).

Organizaciones como NILC, la Union Americana de Libertades Civiles (ACLU), el Fondo Mexicoamericano para la Defensa Legal y Educación (MALDEF) y otras, ya tienen la mira en varias partes de las órdenes de Trump.

Ahilan Arulanantham, director legal de la ACLU del sur de California, dijo que su organización hará lo mismo que hizo durante el gobierno de Barack Obama.

“Demandamos a ese gobierno para ceñirlo a las protecciones que ofrece la constitución y haremos lo mismo con este”, dijo Arulanantham.

Parece, sin embargo, que con este tendrán muchísimo trabajo, dijo Kevin Johnson, decano de la escuela de leyes de UC Davis.

“Me parece que este gobierno va a generar empleo a tiempo completo para los abogados de derechos de los inmigrantes”, dijo Johnson.

Las órdenes son tan amplias y tocan tantos aspectos del sistema de detención y deportación de inmigrantes, que podrían generarse diversas acciones legales, dijeron los expertos.

¿Qué acciones atacarán legalmente?

Entre los temas que están llamando la atención de los abogados para posibles demandas y desafíos contra Trump en los tribunales están las órdenes de expandir la deportación acelerada sin pasar por un juez, los cambios al proceso de asilo y las entrevistas de miedo creíble y el plan de encerrar en centros de detención a muchos más inmigrantes, pendiente de su deportación.

Pero a diferencia de lo que ocurrió con la prohibición de viaje a los musulmanes, donde se vio un efecto masivo debido a su implementación rápida el primer fin de semana después de que se dio la orden, en este caso tardará en verse el efecto de estas órdenes.

Es diferente al “travel ban”, tenemos que ver como se aplican estos cambios en la práctica, como se está implementando y como se escriben las órdenes directas a las oficinas regionales”, dijo Arulanantham. “Pero todo parece indicar que habrá muchas demandas no sólo constitucionales sino está por verse si todo lo que quieren hacer es siquiera legal desde el punto de vista de los estatutos”.

Trump puede actuar dentro de la ley, pero no puede cambiar la ley misma, explicó el abogado. Ese es un trabajo del Congreso de Estados Unidos.

Un ejemplo de ello es la aparente decisión del gobierno de usar la deportación expedita, que hasta ahora se aplicaba a personas recién llegadas con 14 días o menos en el país y cerca de la frontera, a inmigrantes con hasta 2 años en el país.

“La deportación expedita está en los libros, es una ley de 1996, pero la expansión al interior del país a inmigrantes con más largo tiempo podría ser cuestionable legalmente”, dijo Johnson. “La Corte Suprema ha dicho claramente que a la gente que ya está dentro del país hay que ofrecerle el proceso debido bajo la ley”.

Otra área de acción legal serían los cambios propuestos al proceso según el cual un migrante declara temor de regresar a su país y, según la ley, tiene derecho a una entrevista para determinar si tiene un “miedo creíble” para presentar un caso de asilo.

“Todo parece indicar que quieren hacer más difícil este paso preliminar para el asilo”, dijo Arulanantham. “Este sistema se implementó en 1996 y se supone que es un paso muy preliminar. No está claro si lo que están proponiendo está de acuerdo con la ley que está en los libros hoy en día”.

La verdad sea dicha, agregan  los abogados, lo están examinando todo para posibles demandas.

“Sería mejor preguntar, ¿Qué es lo que está haciendo Trump que no consideramos para una posible demanda?”, apuntó Chris Rickerd, asesor de política pública de ACLU Nacional.

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