Indocumentadas que son víctimas por partida doble
Mujeres que sufren violencia doméstica tienen miedo de hacer denuncias debido a nuevas medidas migratorias de Trump
Muchas víctimas no hacen denuncias por temor a las deportaciones. Crédito: Zaira Cortés
Denunciar o no al padre de sus tres hijos por abuso doméstico es un dilema que Nora no sabe cómo enfrentar. La inmigrante guatemalteca residente de Hempstead, Long Island, anhela terminar con años de violencia, pero cree que alertar a la Policía implicaría poner a su pareja en la mira de las autoridades de Inmigración.
Nora no quiere que su compañero por 16 años sea acusado de un crimen grave y, por consecuencia, deportado. Su salario como trabajadora doméstica apenas cubre los gastos básicos de ella y de sus hijos de 8, 10 y 13 años. Hace dos años que ya no vive con su esposo, pero él visita a los niños con frecuencia y paga la renta de su casa, entre otras cuentas.
La madre, de 42 años, contó que separarse de su marido no fue suficiente para terminar con el abuso.
“Me ayuda con dinero. Él cree que eso le da derecho de seguir maltratándome. Me ha prohibido rehacer mi vida con otro hombre. Me tiene amenazada, me dice que no me ayudará con los niños si se entera de que estoy viendo a alguien más”, dijo Nora, quien ha buscado ayuda legal en diferentes organizaciones comunitarias de Long Island.
“No gano lo suficiente para encargarme de mis hijos yo sola. Es una situación muy difícil. Apenas si puedo pagar la comida y las cuentas mensuales. Si lo denuncio, estoy segura de que terminara en la cárcel. Me siento mal por mis hijos, porque él es su papá y ellos no me perdonarían que lo deportaran por mi culpa”, añadió la inmigrante.
La situación que vive Nora no es un hecho aislado, según activistas y abogados. Martha Maffei, directora ejecutiva de la organización Servicios para el Avance de la Mujer (SEPA Mujer), en Long Island, comentó que, pese a los esfuerzos de la Policía local por acercarse a las comunidades inmigrantes y víctimas de violencia doméstica, algunas mujeres no denuncian por temor a la deportación del abusador.
“Muchas de estas mujeres dependen económicamente de sus parejas abusivas. Ellas temen quedarse sin el ingreso en caso de que el esposo sea deportado. Sería una situación difícil de afrontar para ellas y para sus hijos”, dijo Maffei.
Es peor con Trump
Cristina Cerón, abogada de SEPA Mujer, comentó que muchas víctimas de abuso se rehúsan incluso a solicitar una orden de protección, pues no quieren colocar en la mira de las autoridades a sus parejas.
“Tienen miedo de pedir ayuda y de denunciar”, dijo Cerón. “La condena por un delito grave es parte de las prioridades de deportación del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas). Hemos visto gran temor en los últimos meses debido a las políticas del presidente Donald Trump (…) De cada 10 clientas que nos piden asesoría, 9 preguntan cómo les afectaría a ellas y a sus parejas establecer una denuncia y continuar con el proceso legal ante las autoridades”.
Algo que preocupa a la organización es la drástica disminución de mujeres que acuden a las orientaciones mensuales para la defensa de sus derechos.
Maffei destacó que generalmente acuden entre 10 y 15 mujeres a las reuniones que se realizan el primer jueves de cada mes; sin embargo, desde enero han acudido sólo tres personas a los días de orientación.
“Creemos que la disminución de asistentes podría estar asociada al miedo generado por las políticas migratorias de Trump y los recientes operativos del ICE en Nueva York. Nos preocupa realmente que las personas no estén acudiendo para aprender de sus derechos y cómo defenderse. Es una situación que no habíamos observado antes”, dijo Maffei.
La abogada destacó que, aunque durante la administración del ex presidente Barack Obama se registró una cifra récord de deportaciones, el temor es mayor en la administración de Trump debido a la incertidumbre.
“Durante el gobierno del presidente Obama teníamos una idea clara de cuáles eras las prioridades de deportación del ICE, pero las políticas de Trump son pocos concisas y varían constantemente”, expresó Cerón. “Bajo esas circunstancias es difícil actuar”.
Obama fue el presidente que más ha deportado en 30 años, según cifras del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Entre los años fiscales 2009 y 2015, el número de deportados fue de 2,571,860. Se estima que su administración deportó a unas 2.7 millones de personas, más que otros mandatarios.
El presidente Trump reorganizó las prioridades en cortes de deportación y amplió la lista de prioridades de deportación. La primera son delincuentes convictos y la segunda los que representan una amenaza a la seguridad pública, entre otras.
Policía no colabora con ICE
SEPA Mujer es parte de la coalición de organizaciones que impulsaron la reforma de la Policía del Condado de Suffolk (SCPD), tras las recomendaciones del Departamento de Justicia (DOJ) en 2013 como consecuencia del asesinato por odio del ecuatoriano Marcelo Lucero, ocurrido en 2009. Para entonces, la agencia federal encontró que la Uniformada ignoró sistemáticamente los reportes de crímenes de odio de latinos.
Actualmente, el SCPD busca acercarse a las comunidades inmigrantes para incentivar la denuncia y la colaboración en el esclarecimiento de crímenes. Maffei sostuvo que el comisionado Timothy Sini “ha mostrado sensibilidad al temor y vulnerabilidad de las víctimas de abuso doméstico y de otros crímenes violentos”.
El 10 de marzo, Sini se reunión con defensores de los inmigrantes para discutir las actuales políticas de inmigración y cómo se ejecutan a nivel local. El Comisionado dijo que la Policía de Suffolk no solicita el estatus migratorio de las víctimas o testigos de crímenes.
El comisionado también dejó en claro que ningún oficial firmaría los acuerdos del programa 287 (g) para ejecutar la ley federal de inmigración a nivel local.
“Creemos que, aunque queremos colaborar con nuestros oficiales federales de la ley (…) no queremos ser oficiales de deportación y es por eso no queremos colaborar con los acuerdos 287 (g)”, indicó en la reunión.
El programa 287 (g) establece acuerdos entre las agencias locales del orden público y el ICE, lo que otorga a la Policía local la autoridad para hacer cumplir las leyes federales de inmigración.
Los defensores argumentan que el programa da lugar a deportaciones por faltas menores, además de que los inmigrantes víctimas y testigos de crímenes se rehúsan a colaborar con las autoridades locales por temor a una detención del ICE.
“Celebramos que el SCPD no colabore con las autoridades de inmigración. Es un paso determinante en la defensa y protección de nuestras comunidades”, dijo Maffei.
SEPA Mujer reforzará los programas de orientación enfocados en mujeres víctimas de abuso. La organización provee servicios anualmente a unas 1,500 personas.
“Al año tomamos los casos de 50 personas con problemas de violencia doméstica y de inmigración. Es una cifra elevada, pues lo ideal es tomar unos 30 casos. Hay una gran demanda de servicios, especialmente en los últimos meses”, dijo Cristina Cerón.
Para buscar ayuda:
SEPA Mujer pidió a las víctimas de abuso doméstico que llamen a su línea de ayuda en español al 631-980-2555. También pueden acudir a su oficina principal en 185 Oval Dr, Islandia, NY, 11749.
El domingo 26 de marzo a las 2:30 p.m., SEPA Mujer y otras organizaciones de Long Island realizarán una reunión comunitaria de apoyo y servicios gratuitos en 2038 Old Country Rd, Riverhead,Nueva York, 11946.
- Para reservar un espacio puede llamar al 631-413-3179.
