Acosan a niños hispanos tras ley migratoria

BIRMINGHAM, Alabama/AP – Padres hispanos dicen que sus hijos están enfrentando más acoso y burlas en las escuelas de Alabama desde que la controversial ley de inmigración estatal entró en vigencia el mes pasado. Muchos atribuyen la situación a la ley, que ha sido reflejada en las noticias, discutida en algunas aulas y debatida en hogares.

Durante un simple juego de baloncesto en un patio escolar, un grupo de niños hispanos de séptimo grado derrotaron recientemente a un grupo de muchachos de Alabama. La reacción fue inmediata, de acuerdo con la madre mexicana de uno de los ganadores y azuzada por la nueva ley de inmigración del estado.

“Ellos les dijeron: ‘Ustedes no deberían estar ganando. Deberían irse a México”’, dijo la mujer, que habló por medio de un traductor la semana pasada y que no quería que se mencionase su nombre. Ella y su hijo están ilegalmente en el país.

“Estamos escuchando numerosos reportes de aumentos de acoso en las escuelas”, dijo el jefe de la división de derechos civiles del departamento, Thomas Pérez, en Birmingham.

El departamento estableció una línea telefónica directa bilingüe y una cuenta de correo electrónico para que los residentes reporten actos de violencia o amenazas basadas en raza o etnia a causa de la ley.

Sin embargo, la portavoz del Departamento de Educación de Alabama, Malissa Valdés, dijo que la agencia no ha recibido ningún reporte de hostigamientos relacionados con la ley y que no está monitoreando el asunto para determinar si pudiera existir un problema. Cualquier llamada de padres al departamento para reportar quejas será referida al director de la escuela de su hijo, dijo Valdés.

Los funcionarios federales han dicho que algunos padres -particularmente inmigrantes indocumentados- pudieran estarse absteniendo de reportar los incidentes a maestros y directores por temor de entrar en contacto con funcionarios del gobierno estatal.

Partidarios de la ley -que enfrenta cuestionamientos legales del gobierno federal, individuos y grupos privados- dicen que la misma es vital para reducir el costo del gobierno estatal y local al eliminar la asistencia social para inmigrantes ilegales.

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