Armas, caos y Watergate

La investigación referente a la tremendamente horrenda operación de patrocinio estadounidense llamada “Fast and Furious”, la cual se descarriló fuera de todo control, podría convertirse en todo un giro político si continúa por un camino partidario.

“Fast and Furious”, la mal concebida operación llevada a cabo por efectivos de la agencia federal Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF), puso armas a la disposición del crimen organizado mexicano.

De esta manera, pensaron los federales estadounidenses, podrían enterarse de quién era el que empleaba hombres de paja para realizar el tráfico de armas. Sin embargo, presuntamente la agencia permitió que pasaran por alto algunas compras cuestionables de parte de corredores de armas legítimos, para luego perder el control de estas armas en términos de su identificación y su rastreo.

Se cree que la operación permitió que integrantes del cartel de Sinaloa compraran más de 1.900 armas con unos $1,25 millones de dólares en un periodo aproximado de 15 meses, hasta enero del 2011. Se dice que la agencia ATF ha recuperado sólo el 10% de las armas.

Las autoridades mexicanas han reaccionado con una incredulidad furiosa. “Hasta la fecha, las autoridades de EE.UU. no han informado sobre la operación que salió mal, ni se han disculpado”, dijo Marisela Morales, procuradora general de México, a The Los Angeles Times. Estados Unidos aun le debe una explicación a México, dijo.

“De ninguna manera se lo hemos permitido, porque es un ataque a la seguridad de los mexicanos”, añadió.

El director de operaciones de la ATF en México, Carlos Canino, testificó en julio ante el Comité de la Cámara de Representantes sobre la Supervisión y la Reforma Gubernamental de EE.UU., que “en ningún momento tuve noticias yo que agentes de la ATF hacían seguimiento de conocidos (o) presuntos traficantes de armas”. Por ende, parece que la ATF ni siquiera informaba a sus propios agentes.

Podría desarrollarse hasta más tragedia si la actual pesquisa no llega a presentar las interrogantes más difíciles. Una de ellas es el número de personas que han muerto, o resultado heridas o perjudicadas de otras maneras, tanto en los Estados Unidos como en México, a raíz de la operación “Fast and Furious”. Es un tema de extrema delicadeza merced a las consecuentes acusaciones criminales y civiles posibles desde ambos lados de la frontera.

El 23 de septiembre, el representante republicano de Texas, Lamar Smith, convocó una nueva investigación referente a cualquier conocimiento que pudiera tener el fiscal de la nación, Eric Holder, del plan mal concebido.

Pero parece que Smith está dando la cara ahora que el representante Darrell Issa, presidente del comité investigador, se enfrenta a una denuncia relativa a la ética profesional. El grupo American Family Voices acusa al republicano de California de aprovecharse de su cargo como presidente del Comité de la Cámara de Representantes sobre la Supervisión y la Reforma Gubernamental de EE.UU., para obtener beneficios personales.

José de la Isla