Batalla por ley inspirada en la SB1070

Charlotte/EFE – La Unión de Libertades Civiles (ACLU) y una coalición de grupos civiles entablaron una demanda contra la ley antiinmigrante SB20 de Carolina del Sur, inspirada en la polémica SB1070 de Arizona.

La acción legal, presentada en la Corte de Distrito de Charleston, al sur del estado, alega que la legislación, firmada por la gobernadora Nikki Haley el pasado 27 de junio es inconstitucional, invita al perfil racial e interfiere con la ley federal.

Esta acción sucede dos semanas después de que una medida similar que combate a los indocumentados en Alabama, la HB56, entrase en efecto.

Los demandantes, que incluyen a ACLU de Carolina del Sur, el Southern Poverty Law Center, National Inmigration Law Center, MALDEF, South Carolina Applesseed Legal Justice Center, Latino Justice, entre otros, buscan detener la implementación de la SB20, programada para entrar en efecto el 1 de enero de 2012.

La medida permite a las agencias del orden público indagar el estado migratorio de los detenidos sospechosos de algún delito y comunicarse directamente con el Servicio de Inmigración y Aduana (ICE) cuando se sospecha que se tiene en custodia a un indocumentado.

Dispone la creación de una Unidad de Cumplimiento de las Leyes de Inmigración, una especie de policía de inmigración local con 12 agentes y un costo de 1,3 millón de dólares, la única a nivel nacional.

Asimismo, la ley convierte en delito mayor con penas de hasta 25.000 dólares o cinco años de prisión la producción de documentos falsos y el no portar una identificación estatal como licencia de conducir o documento migratorio.

Según Andre Segura, abogado del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de ACLU, esta demanda es la última medida en la lucha por detener leyes que van en contra de la Constitución.

“Hemos visto en Alabama los efectos devastadores y no queremos que la gente de Carolina del Sur sufra lo mismo. Esta ley draconiana debe detenerse, porque atenta contra nuestros valores americanos”, destacó Segura en un comunicado.

Para las organizaciones locales que defienden los derechos de los inmigrantes, la medida legal de hoy es el comienzo de una larga batalla por evitar la discriminación, especialmente contra la comunidad hispana.

“Esto es sólo el comienzo”, afirmó hoy a Efe Iván Segura, vicepresidente del Consejo de Mexicanos en las Carolinas. “Tomando en cuenta las características de Carolina del Sur, una zona conservadora y con un historial de discriminación contra los de piel oscura, será muy largo, pero no quiere decir, porque sea en el sur, que no consigamos justicia”.

Para Victoria Middleton, directora ejecutiva de ACLU del estado, permitir que agentes locales actúen con oficiales de inmigración invita a la discriminación de las personas que luzcan o suenen “extranjeros”, incluyendo a residente permanente y ciudadanos estadounidense.

“Convierte en criminales (SB20) a los buenos samaritanos, perjudica a las víctimas de abuso, previene a la policía resolver los crímenes y crea un clima de miedo que perjudica al propio estado”, añadió Middleton.

Desde la firma de la ley por parte de Haley, una hija de inmigrantes de la India, los grupos de defensa han concentrado sus esfuerzos en informar a la comunidad del contenido de la SB20 y prepararlos en caso de una detención y deportación.

Roberto Belén, miembro de la Junta de Directores del Concilio de Líderes Hispanos de Carolina del Sur, explicó hoy a Efe que el ambiente que se vive en la comunidad es “tenso y de preocupación”.

“Muchos se han regresado a sus países de origen, otros mudado a estados vecinos, sí se nota una baja especialmente en el consumo de los hispanos”, acotó Belén.

En los últimos meses, el líder hispano ha dictado conferencias y charlas en escuelas, iglesias y centros comunitarios, educando a la población vulnerable sobre sus derechos y qué hacer en caso de una deportación.

“Lo primero es prepararlos para que dejen poderes notariados para proteger sus propiedades y sus hijos por si pasa lo peor, a que estén más informados sobre la ley, y que no tengan un miedo excesivo”, enfatizó el puertorriqueño.

Cifras del Censo de 2010 indican que los hispanos representan el 5,1 por ciento de la población del estado, es decir, 235.893, en comparación con 95.076 (2,4 por ciento) en 2000 y 30.551 (1,1 por ciento) en 1990.

Sin embargo, el Centro Pew reportó que la población indocumentada en Carolina del Sur pasó de 70.000 en 2007 a 55.000 en 2010, es decir, una reducción del 21,4 por ciento.

Otras leyes contra la inmigración indocumentada han sido aprobadas en estados como Arizona, Utah, Georgia, Indiana, Alabama, que actualmente se encuentran en procesos legales para detener su total implementación.