Cada uno por su lado

Long Island/NY– En una fría tarde de noviembre en Long Island, dos hispanos eran perseguidos por siete adolescentes, en lo que ya se había tornado en una práctica en la zona. Uno de los que huía, Angel Lora, pudo escapar, el otro Marcelo Lucero, recibió una puñalada que acabó con su vida.

El asesinato del ecuatoriano Marcelo Lucero ocurrido el 8 de noviembre de 2008, reveló la tensión racial en el pueblo de Patchogue, donde vivía la víctima, y a lo largo del condado de Suffolk, en Long Island. Tres años después, algunos latinos y anglosajones aseguran que hay más tolerancia, aunque ambas comunidades siguen segregadas.

“No ha cambiado nada. No era bueno, ni era malo antes”, dijo un conductor de trenes de Patchogue que sólo se identificó como Peter.

“Antes uno no sentía que había ese respaldo de la autoridad, como que la gente ahora en Patchoge tiene más confianza y ya no temen de ir o llamar a la policía”, explicó la colombiana María Ramón, de 32 años, y vendedora de la tienda Latino Express, ubicada en Patchogue.

Tras el asesinato de Lucero, de 38 años, las investigaciones revelaron un escenario aterrador: los jóvenes se divertían pegándole a los hispanos en un deporte que denominaban “beaner-hoping” [agredir frijoleros] y que tanto su escuela como la policía conocían. Los inmigrantes eran atacados en múltiples localidades de LI y cuando se atrevían a denunciar las agresiones, la policía no las calificaba como crímenes de odio y a veces ni las tramitaba.

Poco antes del asesinato de Lucero, los atacantes le habían disparado con una pistola de perdigones a Marlon García y, momentos antes, a Héctor Sierra.

“Después de lo que ocurrió uno no sabía que más podía pasar”, recordó Ramón, que es madre de dos niñas.

“Yo no sabía [antes del suceso], ni creo que nadie sabía, la magnitud de los ataques que estaban pasando porque los inmigrantes tenían mucho temor de las autoridades, de la justicia, de la policía”, declaró Fernando Mateo, presidente de la organización Hispanics Across America, quien junto al hermano de la víctima, Joselo Lucero, contactó al Departamento de Justicia (DOJ) y al FBI, y quienes comenzaron a indagar.

Lo que sucedía en este condado reflejaba lo que según estadísticas del FBI ya registraba: los crímenes de odio contra latinos habían aumentado en un 40% entre 2003-2007. Esto ocurría, luego de que apartir de 1980 la inmigración a esa zona se duplicara, muchos de ellos de Latinoamérica.

Según el censo anterior, de los 2,810,340 habitantes de Long Island 465,113 residentes, tanto ciudadanos como no, habían nacido en el extranjero. Los latinoamericanos representaban el 227,443 (un 48,9 % de este sector de la población), divididos en unos 44,067 de origen salvadoreño, seguidos por los dominicanos con 16,885, colombianos (14,701) y ecuatorianos (10,059).

“Siempre ha habido nuevos inmigrantes, pero la diferencia es que estos son de piel canela”, denunció el Pastor Allan Ramírez de la Iglesia Reformista de Brookville.

La situación contra los inmigrantes aumentó luego de que en 1998 Margaret Bianculli-Dyber, una maestra de escuela pública y residente en Farmingville fundara el grupo Sachem Quality of Life (SQL), según ella, porque cinco latinos le pidieron tener relaciones sexuales a su hija mientras se encontraba frente a su casa.

Disuelta en 2003, SQL lideró manifestaciones y piquetes frente a las casas de los inmigrantes y de los políticos que los apoyaban, o que simplemente no votaban para implementar leyes que impidieran que los jornaleros buscaran trabajo en la calle, deportar a los indocumentados o limitar el número de ocupantes en casas alquiladas.

“También lo que hacia el grupo [SQL] era provocar intencionadamente a los jornaleros”, dijo Luis Valenzuela, director ejecutivo de Long Island Immigrant Alliance (LIIA).

Según el Southern Poverty Law Center, SQL se relacionó con todos los grupos de odio del país y tuvo a sus líderes como activos participantes en sus conferencias y eventos: Jared Taylor de American Renaissance, Barbara Cole de California Immigration Reform, Linda Purdue de Numbers USA, y desde Arizona vino Chris Simcox de Civil Homeland Defense quien en el 2005 co-fundaría los Minutemen.

Aunque desde 1999 hay documentadas agresiones contra hispanos sin que se produjeran arrestos, fue el ataque contra los jornaleros Israel Pérez y Magdaleno Estrada Escamilla, ocurrido en el 2000 que logra acaparar la atención de los medios. El caso concluyó con la convicción de Ryan Wagner y Christopher Slavin que purgan condenas en la cárcel.

En 2003 Steve Levy, es elegido ejecutivo del Condado de Suffolk y amparado en una ley federal, propone dar poderes a la policía para detener y deportar a indocumentados arrestados por otros delitos. También autorizó a la policía de Farmingville a realizar redadas en viviendas y desalojos de jornaleros latinos y sus familias, pero una corte federal declaró la práctica de ilegal.

A la retórica de Levy, quien poco después confunda el grupo “Alcaldes y Ejecutivos por la Reforma Inmigratoria”, se une la del legislador Elie Mystal de Amytiville, quien en una ocasión expresó: “si yo vivo en un vecindario en el que la gente se reune así [como lo hacen los jornaleros cuando buscan trabajo], cargaría mi revolver y empezaría a disparar. Punto”.

No todos los que se oponen a la inmigración indocumentada admiten tener motivos de odio racial, otros alegan que intentan defender de su calidad de vida ya que los jornaleros llenan la zona de suciedad incluyendo orines y defecaciones, viven hacinados y molestan a las mujeres.

“Yo caminaba por el pueblo y me sentía incómoda por los grandes grupos de hombres hispanos que se convocaban. Me sentía incómoda como mujer […] por las miradas y los comentarios. Eso parece haber mejorado”, dijo una mujer que solo se identificó como Karen.

“Estos son argumentos que siempre han existido para cubrir el racismo de que su pueblito está cambiando”, respondió el pastor Ramírez.

Por su parte, Valenzuela calificó las quejas de “exageradas”, pero admitió que hay parte de razón en los alegatos y que por eso están dando talleres a los inmigrantes sobre leyes y reglamentos.

“Los inmigrantes somos muy trabajadores ¡pero los que venimos a trabajar! porque hay muchos que no vienen a trabajar y por esos pagamos todos”, indico Radamés Mejía quien lleva nueve años en la zona.

Reinaldo Rivera Jr. director regional para el noreste y la región del Caribe del Servicio de Relaciones Comunitarias (CRS) del DOJ, también duda de las generalizaciones.

“En todas las culturas hay alguno que se sale, ¿pero decir que todo el mundo?”, cuestionó.

Tras la muerte de Lucero muchas cosas cambiaron. El Comisionado de Policía de Suffolk sustituyó al comandante del precinto de Patchogue por Arístides Mújica. Una hispana, Lola Quesada, fue nombrada Consejera Especial del Comisionado de Policía para Relaciones Comunitarias con las minorías y ahora los nuevos cadetes reciben dos semanas de clases español y para darles una idea sobre la cultura latinoamericana.

Actualmente, el Departamento de Justicia (DOJ) sigue investigando al Departamento de Policía, para averiguar si encubrieron los crímenes de odio contra los hispanos y fallaron en darle la protección requerida.

Asimismo, el DOJ envió a su Servicio de Relaciones Comunitarias (CRS), creado en 1964 durante la lucha por los derechos civiles, para ayudar a resolver los conflictos raciales y étnicos, y mejorar la comunicación entre el gobierno local y los grupos comunitarios.

“Ahora tenemos al FBI en el condado de Suffolk, el presidente de este condado el señor [Steve] Levy está tratando de hacer las cosas mejor, la misma policía no es la misma de antes, es más tratable”, dijo Aldegundo “AL” Cruz, que reside desde hace 5 años en Patchogue, y conductor de radio en la estación Talento Latino.

Un informe que elaboró un Grupo de Trabajo creado por la legislatura del Condado de Suffolk, desató a principios de año una nueva polémica. Sin embargo, el legislador DuWayne Gregory denunció que el reporte había sido censurado.

Para activistas y líderes comunitarios, y residentes los cambios en LI recorren toda una gama que va desde “nada” a “mucho”.

“Hubo algunas medidas que el Condado y el Departamento de Policía tomaron pero fueron superficiales un cambio de fachada. La verdadera realidad es que sigue existiendo miedo, siguen viviendo en la sombra, sigue habiendo violencia perpetrada contra ellos”, dijo Sinclair Slutsky.

“La muerte de Lucero y la investigación del DOJ ha hecho algo para calmar ‘a nuestro amigo’ [Steve] Levy [Ejecutivo del Condado de Suffolk] que ya no hace esas declaraciones anti-inmigrantes que hacía y nuestra oficina no ha recibido más querellas de la comunidad aunque todo el mundo tiene nuestro teléfono”, informó César Perales, ex presidente de Latino Justice/PRLDF.

Para Luis Octavio Borja, coordinador de la Fundación Lucero de América y miembro activo de organizaciones como Talento Latino y Talento Latino Radio, el mayor cambio es que ha habido un acercamiento con las autoridades y hasta se han reunido con Levy.

“A veces desconocemos la ley, pensamos que hay discriminación y nos creemos las víctimas de todo lo que pasa y no es así”, dijo Borja, quien reconoce que existen abusos.

Lo que siguen en la mente de muchos es que pese a todo, aún ambas comunidades siguen separadas.

“Mire esa iglesia allí, es solo para hispanos, y los blancos tienen otra iglesia”, dijo Anthony Llanes, de 27 años, un joven de origen puertorriqueño nacido y criado en Patchogue. “Ha habido un movimiento de derechos civiles pero sigue habiendo segregación”.

En términos similares se expresaron algunos residentes blancos de Patchogue.

“Todavía es muy segregado. Acabo de venir de la lavandería y sentí que toda la gente blanca se quedaba a un lado y todos los inmigrantes al otro lado. Eso siempre fue así y no ha cambiado”, expreso Heather Lake, de 27 años.

Con Annie Correal