Demanda por redada en un barrio hispano

Charlotte/EFE – La Unión de Libertades Civiles (ACLU) de Tennessee demandó al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) por violación a los derechos civiles de 15 hispanos durante una redada en un complejo de apartamentos.

El incidente ocurrió el 20 de octubre de 2010, cuando agentes de ICE y del Departamento de Policía Metropolitano de Nashville (MNPD) entraron a las residencias de los individuos sin permiso de registro con la asistencia de la gerencia del complejo Clairmont, al norte de la ciudad.

Según ACLU y la Coalición para los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados de Tennessee (TIRRC), sin una “sospecha razonable”, los agentes detuvieron, interrogaron y arrestaron a los residentes “en base a su etnicidad, color de piel y apariencia física, sometiéndolos a abusos verbales y psicológicos”.

Esta redada dejó un saldo de 20 detenidos, algunos de los cuales -de acuerdo con la acción legal presentada el miércoles en este estado- sufrieron abusos de los agentes que “colocaron pistolas en las cabezas de algunos inclusive en presencia de menores de edad”.

Uno de los demandantes es un ciudadano estadounidense que fue arrestado en el campo de fútbol del lugar.

Al parecer la gerencia de Clairmont quería “limpiar la casa” y sacar a los residentes latinos. Asimismo, según ACLU, ignoraba las quejas de los residentes por problemas en las viviendas y falta de mantenimiento como goteras en las paredes, humedad y plagas.

Tras la redada, la policía de Nashville emitió un comunicado de prensa en el que explicaba la acción policial, que supuestamente resultó a raíz de denuncias de la presencia de miembros de las pandillas callejeras MS-13 y Sur 13, que amenazaban a los inmigrantes para que no denunciaran los crímenes del área.

Aunque los residentes describieron que estaban “aterrorizados” por las acciones de los agentes del deber, ICE y la policía local explicaron que sólo “tocaron las puertas y hablaron” con las personas que respondieron mientras buscaban a “sospechosos”.

Algunas de las 20 personas arrestadas ese día fueron puestas en proceso de deportación y otras en libertad aunque ninguna recibió cargos criminales.

ACLU también presentó otra demanda al Departamento de la Vivienda a nombre de TIRRC, entidad que ha investigado las condiciones deplorables de las unidades en Clairmont.

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