‘E-Verify’ gana batalla pero no la guerra

Washington, D.C. – Tras una larga sesión de enmiendas, el Comité Judicial aprobó ayer, por 22 votos a favor y 13 en contra, el proyecto de ley para hacer obligatorio el uso de E-Verify. En seis horas de discusiones, los legisladores deliberaron cerca de 30 enmiendas. Una de ellas, eliminó las protecciones al sector agrícola en la iniciativa.

En un voto completamente partidista, los 22 republicanos que integran el grupo votaron a favor y 13 demócratas lo hicieron en contra. Dos representantes estuvieron ausentes, Linda Sánchez (D-CA) y Steve Cohen (D-TN).

“23 millones de estadounidenses están desempleados o no pueden encontrar trabajo tiempo completo. Al mismo tiempo, siete millones de personas están trabajando ilegalmente. Estos empleos deben ir a ciudadanos y personas con estatus legal”, dijo Lamar Smith (R-TX), presidente del Comité Judicial.

El proyecto de ley H.R.2885 -titulado ‘Fuerza de Trabajo Legal’, especifica que antes de contratar, reclutar o referir a una persona o entidad, se debe verificar si posee un estatus legal para trabajar”.

Las compañías que tengan más de 10 mil empleados iniciarían el uso obligatorio de E-Verify, seis meses después de promulgada la legislación. En el caso de los trabajadores del campo, el periodo sería de 3 años.

El comité aprobó una enmienda del lado demócrata, propuesta por el congresista Howard Berman (D-CA), que eliminó un apartado de la legislación que no exigía considerar como “nueva contratación sujeta a verificación, a personas que trabajen en el sector de agricultura y que vuelvan a trabajar para un empleador”.

Esta fue una de las provisiones con las que Smith pretendía lograr el apoyo del sector agrícola para el proyecto de ley. “Queríamos que quedara clara la hipocresía, de personas que han dicho que jamás han apoyado una legalización y luego dan una amnistía escondida sin regulación al sector agrícola. Pienso que sin este punto, la medida fracasará”, dijo Berman.

“Era una estrategia. Sin el apoyo del sector agrícola no van a tener los votos. Cambiamos una parte del proyecto de ley. Una excepción para un solo sector no es legítima. Hay muchos republicanos con sectores agrícolas muy grandes”, explicó Linda Sánchez (D-CA).

Por el lado del Senado, el líder de la mayoría Harry Reid (D-NV) tampoco se ha mostrado esperanzado respecto al futuro de la iniciativa. Aunque el legislador dijo a La Opinión que estarán preparados para ella, si es aprobada en la Cámara Baja, comentó que “no cree que esto sea muy posible”.

Modificaciones, como la enmienda de Jerrold Nadler (D-NY) que protegería a trabajadores con autorización para trabajar, que sean identificados erróneamente por el sistema, fue rechazada.

De acuerdo a datos provistos por USCIS, el número total de empleados registrados en E-Verify llega a 281,172, lo que representa 930,933 lugares de trabajo.

Un reporte presentado en 2010 por la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO), indicó que en el año fiscal 2009, de las 211 mil personas que tuvieron confirmaciones tentativas erróneas, 189 mil resultaron en ausencia de confirmaciones, porque no se pudo determinar su estatus.

Por otra parte, la legislación ha encontrado opositores en la base republicana más conservadora: grupos del movimiento Tea Party.

La semana pasada enviaron una carta a los miembros del Congreso, donde especificaron que “E-Verify es un sistema de identificación y vigilancia administrado por el Departamento de Seguridad Nacional, que llevará a más burocracia, un gobierno más grande y menos libertad”.

“Luego de aprobar este proyecto de ley, faltará poco para requerir a los empleadores que verifiquen si sus empleados se atrasan en su pagos de impuestos o si fueron detenidos”, agregaron en la misiva.

Más de 26 organizaciones de derechos civiles, negocios y académicos manifestaron ayer en la audiencia, su férrea oposición al proyecto de ley. Mientras, entidades influyentes como la Cámara de Comercio de Estados Unidos, han dado su apoyo.

Ahora, la pelota está en la cancha del liderazgo republicano de la Cámara de Representantes, que deberá decidir si vale la pena invertir capital político en este proyecto de ley, además de evaluar sus reales posibilidades de ser aprobado.