El debido proceso: nueva víctima de la guerra
“Aquellos que sacrifican la libertad por la seguridad no merecen ni la una ni la otra”.
Benjamín Franklin
El operativo de las fuerzas estadounidenses que dio muerte al clérigo musulmán Anwar Al-Awlaki en Yemen no debe apreciarse vagamente como que eliminó a un terrorista más. Al-Awlaki era un ciudadano estadounidense nacido en Nuevo Méjico cuyo envolvimiento con extremistas no era en aspectos logísticos ni operacionales. Era más bien un individuo muy carismático que en los últimos años dedicó esa virtud para llamar a la violencia.
Las circunstancias que rodean la muerte de Al-Awlaki ameritan análisis en dos aspectos principales.
Primero sobre la efectividad de los operativos combinados de inteligencia y uso de fuerzas especiales vis-a-vis las guerras de ocupación militar masivas. La realidad sobre el terreno ha demostrado que los dos operativos más exitosos en la guerra contra el terrorismo han sido sin duda alguna dar de baja a Bin Laden y ahora a Al-Awlaki.
El denominador común en ambos ha sido la utilización de inteligencia muy sofisticada sumada a fuerzas élites militares capaces de ejecutar sus misiones exitosamente. Estos operativos están en clara contraposición a las onerosas, contraproducentes e inefectivas guerras de ocupación en Iraq y Afganistán que han cobrado decenas de miles de muertos y heridos; además de los exorbitantes $4 trillones que han dejado abatidas las arcas estadounidenses.
En un segundo aspecto, examinamos cómo las circunstancias de la muerte de Al-Awlaki colocan la Constitución y el sistema de derecho bajo fuego. Lamentablemente el sistema de justicia nunca se movió en dirección de procesar y acusar formalmente a este ciudadano. La administración de Obama “justificó” su asesinato, arguyendo que Al-Awlaki era herramienta de propaganda para el enemigo en ‘tiempos de guerra’. Pero, ¿no son estos los mismos argumentos que utilizaron los extremistas para ejecutar al director de cine Theo Van Gogh?
Si preocupante resulta saber que existen otros ciudadanos estadounidenses en la lúgubre lista de “dar de baja”; más alarmante resulta la incógnita de desconocer bajo qué criterios y qué agencias gubernamentales o qué individuos están facultados por nuestra Constitución para dar el visto bueno al asesinato de ciudadanos estadounidenses sin previa acusación y juicio.
El otrora efectivo sistema de balance de poderes está siendo pisoteado si ahora el Ejecutivo goza de esta facultad sin el previo examen del poder Legislativo o sin la mediación del poder Judicial para revisar la constitucionalidad de decisiones de tal magnitud. Invitamos a una reflexión profunda, no del hecho indiscutible de que la nación tiene derecho a proteger su integridad y la de sus ciudadanos, sino de la deseabilidad de crear procedimientos y organismos afines a la Constitución para ordenar la ejecución de ciudadanos.
Si por otro lado lo que prevalecerá es un estado de derecho donde se puedan levantar expedientes a ciudadanos por su raza o afiliación religiosa, o peor aún, donde el Ejecutivo pueda ordenar la ejecución de ciudadanos estadounidenses sin una acusación formal ni un debido proceso, quienes habrán triunfado serán los extremistas. ¡Cuidado al celebrar!
