El estudiante indocumentado y la Constitución

La nueva ley en Alabama requiere que las escuelas públicas coleccionen información sobre la ciudadanía de sus estudiantes.

La ley ha sido diseñada para restringir la inmigración indocumentada sin causar un contraataque político o legal. En este caso, los campeones de la ley dicen que no hay nada nefasto en obligar que las escuelas pidan información, siempre y cuando esa información no sea usada de forma ilegal.

Es obvio que hay otro objetivo, el de asustar a los indocumentados para que saquen a sus niños de la escuela – y quizás se fuguen del estado – para evitar a las autoridades. Pero será difícil probar ese caso sin mostrar fuerte evidencia de que así es el caso, y toma tiempo y recursos para acumular esa evidencia. Mientras tanto, niños van sin educación.

Para los que se preocupan del movimiento antiinmigrante, que cada día parece ganar mas fuerza, es importante saber que el derecho a la educación primaria y secundaria, no importe el estatus legal, es un derecho con base constitucional.

La Corte Suprema decidió en 1982, en el caso Plyler v. Doe, que un estado no puede negar el acceso a la primaria y la secundaria si ese acceso no causa gran daño al estado. Es una decisión que por años ha mantenido las puertas escolares abiertas para todos.

Con un toque, la ley en Alabama ha insubordinado a Plyler en dos formas. Primero, ha creado una barrera educativa que estrictamente no viola la ley. Segundo, instituye un mecanismo para acumular información que se podría usar para argumentar que los estudiantes indocumentados sí imponen un costo al estado, lo que se podría usar para derrotar a Plyler.

Es una estrategia bastante sofisticada, obra de estrategas sofisticados en el movimiento en contra de la inmigración. Y su meta es de debilitar la base de los pocos derechos que tienen los que viven en este país sin papeles.

Merece una defensa igualmente sofisticada, una que no parece existir por el momento.

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