Informe pone en tela juicio detenciones de inmigrantes
Washington/EFE – EE.UU. gasta cerca de 2.000 millones de dólares al año en la detención obligatoria de decenas de miles de inmigrantes, muchos de ellos por infracciones menores, pero hay alternativas económicas y humanitarias a esa política, según un informe divulgado ayer.
El informe de 72 páginas, elaborado por el Servicio Luterano para Inmigrantes y Refugiados (LIRS, en inglés), ofrece una radiografía de los problemas que aquejan al sistema de detención de inmigrantes y recomienda reformas para que el Gobierno federal aplique las leyes con inteligencia, gaste menos y resguarde la “dignidad” de estos inmigrantes.
Se calcula que, cada día, unos 33.400 inmigrantes, incluidos 1.400 solicitantes de asilo político o víctimas de tortura y trata de personas, están detenidos en más de 250 cárceles privadas, locales, estatales, y federales en EE.UU., con poco o ninguna revisión judicial o acceso a un abogado.
El costo promedio de la detención por infracciones migratorias es de 122 dólares por día por cada detenido, según el Departamento de Seguridad Nacional, pero esa cifra aumenta a 166 dólares diarios si se incluyen los salarios y demás gastos operacionales en los centros de detención.
El encarcelamiento, que supone al fisco un gasto anual de 1.900 millones de dólares -y aumentará en 2012-, se ha convertido en sinónimo de la aplicación de las leyes de inmigración y representa una “violación generalizada de los derechos humanos en suelo estadounidense”, según LIRS.
Si el Gobierno adoptara alternativas a la detención, ahorraría hasta cien dólares por día por inmigrante, además de que reduciría el costo humano de las detenciones indefinidas.
No todos los extranjeros detenidos suponen un riesgo a la seguridad nacional y la mayoría cumple con las citas judiciales. La detención obligatoria, en todo caso, debería ser la medida de último recurso, indicó el documento titulado “Unlocking Liberty- A Way Forward for U.S. Immigration Detention Policy”.
El informe recomienda que el Congreso anule las detenciones obligatorias y apruebe una ley que exija una evaluación individual y una revisión judicial de cada caso, de manera que las autoridades tengan que justificar la privación de libertad de las personas.
También recomienda que la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) elabore e institucionalice un método para evaluar la necesidad de detener a un inmigrante, con la ayuda incluso de trabajadores sociales y profesionales de la salud.
ICE debe “asegurarse de que la detención se utilice sólo cuando el gobierno determine que no funcionaría ninguna otra alternativa”, dijo el análisis.
Entre las opciones de detención menos restrictivas figuran el traslado a centros de rehabilitación o viviendas de transición, conocidas en inglés como “halfway house”; arresto domiciliario y el uso de grilletes electrónicos para vigilar el movimiento de los detenidos.
Linda Hartke, presidenta de LIRS, criticó la “falsa opción” entre la aplicación de las leyes migratorias y el trato humanitario de los inmigrantes porque, a su juicio, las alternativas disponibles garantizan tanto el tratamiento justo de grupos vulnerables como el respeto al imperio de la ley.
El informe de LIRS señala que, desde la década de 1980, varios proyectos comunitarios a cargo de organizaciones sin fines de lucro han podido ofrecer servicios de supervisión y manejo de casos de detenidos, además de servicios legales y sociales.
Estos proyectos, a su vez, han aumentado el nivel de acato de las citaciones ante los tribunales y han ahorrado dinero al gobierno.
Por su parte, Leslie Vélez, directora de servicios jurídicos de LIRS, señaló que estas alternativas ayudarían a mitigar el “trauma” psicológico que conlleva la separación de familias inmigrantes cuando uno de los suyos es detenido por ICE.
