La corrupción es peor que guerrillas y terroristas

Uno de los términos de rápida ascensión idiomática tanto en el proceso de actualización de la Real Academia de la Lengua Española, como en la dialéctica común de medios de comunicación, y desde luego, en escenarios judiciales y políticos, es el de cleptocracia, que dicho en lenguaje real, no es otro que corrupción.

Este término, definido por el griego: clepto, quitar y cracia, fuerza, cuya explicación semántica nos lo indica plenamente al complementarlo como un “dominio de ladrones”. El vocablo va más allá en su análisis al ampliar su significado práctico, como el establecimiento y desarrollo del poder basado en el robo, institucionalizando la corrupción y sus derivados como nepotismo, clientelismo político, peculado, tráfico de influencias, y la adopción de mecanismos de impunidad extensivos a organismos de control y judiciales.

La enumeración de los hechos de corrupción protagonizados por gobernantes de todos los niveles, supera los espacios periodísticos.

En Colombia lo sucedido con los funcionarios que llegaron en las últimas elecciones a la Alcaldía de Bogotá, el segundo puesto burocrático más importante después de la Presidencia de la República, marca el inicio para adentrarnos al oscuro mundo de la corrupción. Sin que hubiese por el momento una sentencia judicial, están tras las rejas el titular de ese despacho Samuel Moreno y por los mismos hechos se encuentran en igualdad de circunstancias su hermano el Senador Iván Moreno; quien ejercía funciones de vigilancia fiscal, el Contralor Morales Russi; varios empleados, y quienes haciendo las veces de contratistas conocidos como los hermanos y primos Nule, son los protagonistas del escándalo de actualidad en ese país, conocido como el carrusel de la contratación.

Corrupción no solamente es apoderarse de dineros públicos aprovechando la dirección del estado, sino otros hechos igualmente horrorizantes como lo acontecido en Colombia con un programa de gobierno denominado “Agro Ingreso Seguro”, dirigido a facilitar elevadas sumas de dineros a ricos terratenientes, hechos por los cuales se encuentra en prisión el ex ministro Andrés Felipe Arias, funcionario del gobierno de Álvaro Uribe, y varios de sus inmediatos colaboradores.