‘Tengo esperanza de que Obama cumpla su promesa’
WASHINGTON, D.C.- Organizaciones de derechos civiles cuestionaron la ejecución del proceso de deportaciones, anunciado por la Administración en agosto pasado. Cuatro mujeres, que no pertenecen a las prioridades de remoción del país, están al borde de ser expulsadas.
El gobierno fue enfático al anunciar que evaluaría caso a caso a las más de 300 mil personas en proceso de deportación, a través de un grupo de trabajo inter agencias de los departamentos de Justicia (DOJ) y Seguridad Interna (DHS).
La medida también prometió emitir guías de cómo proveer consideración discrecional apropiada a los casos más imperiosos con órdenes finales de deportación.
Sin embargo, las historias de Roxana Orellana Santos, Maria Bolaños, Florinda Lorenzo-Desimilian y Ruth Díaz, muestran una realidad diferente.
Todas con órdenes de deportación, no han recibido ninguna notificación que indique que sus casos serán evaluados de acuerdo a los nuevos criterios. Dos de ellas, Orellana y Díaz serán deportadas el 30 de septiembre, si no se concreta ningún cambio.
Más aún, Orellana se encuentra participando en una demanda contra el condado de Frederik, en la que alega que su detención fue realizada, únicamente, en base a la práctica de perfil racial.
“Estas mujeres cumplen con todos los requisitos. En el caso de Roxana pedimos una extensión, para darle más tiempo a su caso, pero fue devengada. Estamos pidiendo que reconsideren. Con Ruth también hemos solicitado una extensión y no ha llegado la respuesta”, explicó Zorayda Moreira, abogada de Casa de Maryland.
“Aunque quedan pocos días, todavía tengo esperanza en que el Presidente cumpla su promesa. He estado muy nerviosa desde que fui detenida. Ha sido un tormento para mí. Día y noche paso angustiada. Mi hijo de cuatro años, me dice que ya no llore más”, confesó Orellana.
En el caso de Díaz, la policía del condado de Prince George la arrestó, luego de que los llamara, acusando a su compañero de vivienda por atacarla físicamente. Bolaños en tanto, tiene fecha de deportación el 28 de octubre próximo y Lorenzo-Desemilian en 2012.
“No sé qué voy a hacer. Estoy tan preocupada por mi hijo de 2 años. No tengo dónde llegar en El Salvador. Yo tengo fe en Dios, mantengo la esperanza”, comentó.
“Como se anticipaba, la implementación hasta ahora, demuestra irregularidad, y hay que seguir empujando en casos particulares en los cuales la dirección del memorando no se está siguiendo como debe ser”, insistió Clarissa Martínez, directora de inmigración del Consejo Nacional de La Raza.
“Si las acciones de DHS en verdad van a elevar la importancia de la seguridad nacional y pública, que es lo que beneficiaria al país, en imperativo que se empiece a ver claramente que todas las diferentes unidades de DHS estén adoptando estas medidas”, agregó.
En respuesta a las consultas respecto a la manera en que se está implementando el nuevo criterio sobre deportaciones, DHS respondió que este gobierno ha hecho más que ningún otro para enfocar los recursos en deportaciones de extranjeros criminales.
Sin embargo, no entregaron más detalles, ni respondieron inquietudes respecto a los casos mencionados y la manera en que se está implementando la política en terreno.
