Permitir paso de armas es ‘inaceptable’

WASHINGTON, D.C.- El procurador general, Eric Holder, reconoció ayer en el Senado errores al informar sobre la operación Rápido y Furioso, pero enfatizó que el Congreso debiera enfocarse más en la lucha contra el tráfico de armas a México. En tanto, legisladores republicanos cuestionaron el acceso que oficiales mexicanos dan al arsenal incautado.

Fue una audiencia de esas que abarrotan el salón de esquina a esquina. Cerca de las 10:00 a.m., Holder entró en salón en compañía de legisladores demócratas y republicanos. Le esperaba una jornada de dos horas, de preguntas bajo juramento.

Desde 2010, el Congreso ha indagado sobre la operación Rápido y Furioso, una táctica de trasiego ilegal de cerca de 2 mil armas, utilizada por la Oficina Federal de Alcohol, Tabaco, Armas y Explosivos (ATF), en 2009, las que luego se extraviaron.

Holder ha sido el centro de las críticas y cuestionamientos. Sobre todo respecto a cuándo se enteró de la operación, qué hizo y el nivel de responsabilidad que le atañe por su ejecución. Congresistas como Darrell Issa (R-CA) han llegado al punto de pedir su renuncia.

“Dejar armas caminar es inaceptable”, dijo Holder en su declaración al Comité Judicial del Senado. “Sentiremos los efectos de esta operación por años, mientras las armas que perdimos continúen apareciendo en escenas del crimen, tanto aquí como en México”, aseguró.

Holder realizó correcciones frente a declaraciones previas, respecto a Rápido y Furioso. La primera de ellas fue en relación con la fecha en que se le informó sobre la táctica. Reconoció que cometió un error en sus declaraciones en el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes en marzo de 2011, cuando dijo que había sido informado “hace algunas semanas”. Esta vez, aseguró que la respuesta debió haber sido “hace un par de meses”.

Asimismo, cuestionado respecto al nivel de información que debió haber tenido mientras se ejecutaba el operativo, Holder recalcó que varios memorandos llevan su nombre; sin embargo, no todos llegan a él, ya que su personal los filtra, revisa y resume los temas que merecen su atención.

“Él sabía o debió haber sabido. Tiene sus huellas en este tema o es un incompetente. Me parece muy preocupante que esté obstruyendo la investigación y poniendo en riesgo nuestro apoyo al gobierno de México. Hemos gastado 1.6 mil millones en la Iniciativa Mérida para combatir los cárteles y luego nos damos cuenta que una agencia del gobierno fue responsable de que las armas fueran transportadas a México”, dijo John Cornyn (R-TX).

El secretario de Justicia insistió en que quería aprovechar la audiencia para corregir algunas acusaciones poco precisas e irresponsables.

“La retórica puede llevarlos a creer que esta operación local de Arizona fue de alguna forma la causa de la violencia epidémica en México. Esta operación fue una respuesta defectuosa, pero no la causa del flujo ilegal de armas de Estados Unidos a México”, enfatizó. “Estamos perdiendo la batalla para parar el flujo ilegal de armas”.

De acuerdo con datos del Departamento de Justicia, entre diciembre de 2006 y septiembre de 2011, se han recobrado y rastreado 93,895 mil armas en México, de las cuales 64,112 son de origen estadounidense.

En respuesta, senadores como Charles Grassley (R-IA) cuestionaron los datos. “Dan la impresión de que las armas han cruzado directamente la frontera, cuando pueden haber sido vendidas a otras áreas como Centroamérica para luego llegar a México”.

“Los oficiales mexicanos dicen que hay 94 mil armas, pero no nos dejan ir a las bodegas donde las tienen y verificar exactamente de dónde vinieron. Es como hacer un disparo en la oscuridad”, dijo.

En México, en tanto, fuentes cercanas al gobierno insisten en que existe un proceso “regular y minucioso respecto a la incautación de este tipo de arsenal”. Cuando oficiales estadounidenses quieren tener acceso al material almacenado, “es una petición que se hace a nivel de poder ejecutivos de ambos países”, enfatizaron.

Al sur de la frontera, los estados donde se han realizado los mayores aseguramientos de armamento son Baja California, Michoacán, Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas,

Rápido y Furioso se encuentra aún bajo la investigación del Inspector General del Departamento de Justicia. Todavía no se ha indicado cuándo saldrán a luz los resultados de la indagación.