Deportado por error presenta demanda federal
Charlotte, Carolina del Norte/EFE – Un juez recomendó que prosiga la demanda contra el Gobierno federal que deportó en 2008 a México a un ciudadano estadounidense de ascendencia puertorriqueña con problemas mentales.
La decisión del juez distrito del este del estado, William A. Webb, niega la petición del Gobierno de desestimar una acción legal presentada en octubre de 2010 por la Unión de Libertades Civiles (ACLU) a favor de Mark Lyttle.
“Este caso fue horrible en todos los aspectos y demuestra lo poco cuidadoso que fue el Gobierno federal en no comprobar la ciudadanía de una persona nacida en este país”, afirmó ayer a Efe Katy Parker, directora legal de ACLU en Carolina del Norte.
Tras su deportación, Lyttle, residente en Carolina del Norte, pasó cuatro meses deambulando por las calles, albergues e inclusive prisiones de México, Honduras, Nicaragua y Guatemala, según ACLU.
Lyttle, que nació en el condado Rowan, al oeste del estado, tuvo contacto con las autoridades migratorias cuando estaba a punto de salir de prisión luego de cumplir una condena corta por tocar de manera inapropiada a un trabajador de una casa de asistencia mental.
Según ACLU, a pesar de que el hombre tenía evidencia de ser ciudadano estadounidense, número de seguro social, nombres de sus padres y un documento firmado aceptando su nacionalidad, fue remitido a Inmigración como “indocumentado de México”.
El hombre llegó a México para luego ser deportado a Honduras y luego a Guatemala, donde eventualmente llegó a la embajada estadounidense en Ciudad de Guatemala desde donde tomó un vuelo a Atlanta (Georgia).
Durante ese tiempo, Lyttle no tomó su medicina para tratar su enfermedad mental y sufrió depresión y trastornos bipolares.
En su dictamen del lunes, el juez Webb describió las acciones del Gobierno federal como “extremas y abusivas”.
“Estados Unidos perdió la noción que Lyttle no era un extranjero peleando la decisión de una deportación, sino un ciudadano que las autoridades de inmigración violaron su derecho en la ejecución de sus deberes”, escribió el juez en su decisión.
La Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) deportó a 396.000 personas el año fiscal 2011, que finalizó el pasado 30 de septiembre, una cifra récord para la administración del presidente Barack Obama.
