En Guatemala obras públicas solo las hará el Gobierno
Guatemala/EFE – El presidente electo y general retirado guatemalteco Otto Pérez Molina anunció que durante su Gobierno las obras públicas solo las hará su administración, para evitar la corrupción y mejorar la transparencia en el gasto público.
En declaraciones que publica la prensa local, Pérez Molina anunció que Pavel Centeno, quien será su ministro de Finanzas, tiene instrucciones para derogar un Acuerdo Ministerial que desde 2007 autorizó asignar la ejecución de proyectos a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG).
“Hemos consensuado con los miembros del gabinete económico que no va a haber ONG que puedan construir obra gris. Muchas ONG se formaron solo para recibir obras, y muchas de estas obras no se construyen, muchas quedaron a medias y otras se hicieron de mala calidad”, señala el presidente electo sin identificar a nadie.
Pérez Molina, quien asumirá el cargo el próximo 14 de enero, sostiene que cuando llegue al Ejecutivo no permitirá que se ejecuten obras públicas recurriendo a la firma de convenios con las ONG.
Según el diario local El Periódico, en el proyecto de presupuesto de 2012 que discute el Congreso, sólo la cartera de Comunicaciones tiene previsto transferir a esas ONG unos 217 millones de quetzales (27,82 millones de dólares).
La diputada izquierdista Nineth Montenegro, citada por este rotativo, refiere que en 2012 al menos 2.000 millones de quetzales (256,41 millones de dólares) serían trasladados a las ONG si se aprueba el proyecto de presupuesto enviado por el Gobierno de Álvaro Colom.
Las ONG no están sujetas a la Ley de Contrataciones del Estado, lo que les permite usar de forma discrecional los fondos públicos y aunque la Contraloría General de Cuentas está facultada para realizarles auditorías, sólo se fiscalizan entre el 15 y 20 % de las obras, de acuerdo con Montenegro.
Pérez Molina sustituirá en la Presidencia al socialdemócrata Álvaro Colom el 14 de enero de 2012 para un periodo de 4 años y ha prometido combatir la corrupción y el contrabando, y garantizar la transparencia en el gasto público.
