Desastre migratorio

La semana pasada la Administración de Obama dijo que finalmente comenzaría a ejecutar un plan anunciado en agosto para revisar la larga lista de personas en proceso de deportación y enfocarse en la remoción de inmigrantes que realmente representen una amenaza a la seguridad pública.

Razonablemente, el anuncio fue recibido con optimismo, después de años tratando de persuadir a la Administración de que revierta esta dura política de deportaciones.

Pero el anuncio también generó muchas preguntas. Con toda razón, activistas están preocupados por la falta de detalles en la ejecución del plan, y la aparente ausencia de un proceso de apelaciones. ¿Qué pasará, por ejemplo, si un detenido desea retar la decisión de ser removido? O ¿qué criterio guiará la otorgación de permisos de trabajo para quienes se queden? ¿Y cuántas veces ese permiso de trabajo puede ser renovado?

Aunque nosotros también apoyamos este paso por parte del Departamento de Seguridad Nacional, no podemos dejar de notar cuán confundido actúa el gobierno federal con respecto a políticas migratorias.

Detener a miles de inmigrantes, la mayoría sin antecedentes criminales, para después reconocer que fue un error, no sólo es una equivocación que daña familias y comunidades, sino que le cuesta millones de dólares a los contribuyentes justo cuando el gobierno federal enfrenta un grave déficit.

De hecho, la detención y remoción de una persona puede costar $26,000, según estimados.

El proceso para revisar cerca de 300,000 casos será arduo, largo y continuo –al menos mientras programas como Comunidades Seguras sigan inundando las cortes criminales con nuevos casos.

La Administración debe repensar su política migratoria, y concentrarse en controlar las fronteras, asegurarse que los lugares de trabajo traten dignamente a los trabajadores que necesitan y en la reunificación familiar.

El Congreso debe tomar nota de esta tragedia fiscal y humana y finalmente trabajar en reparar nuestro fracturado sistema de inmigración.

Tristemente, estamos conscientes de cuan improbable es que el actual Congreso siga esta recomendación. Con razón el 99% ya no quiere creerle.