Pastores: ley de Alabama ha traído crisis humanitaria
“Después de reunirnos en Alabama con padres, madres, profesores y otros actores sociales, solamente podemos ratificar que esta ley es una violación de los derechos civiles”, dijo el líder de la Conferencia Nacional Cristiana, Samuel Rodríguez, en una conferencia de prensa telefónica.
“Hay que continuar el diálogo con todos para redimir a Alabama y devolverle su compromiso con sus ciudadanos y el respeto que les deben”, añadió.
Líderes evangélicos procedentes de diversos puntos del país se reunieron con pastores locales y familias de inmigrantes para entender, sobre el terreno, el alcance de la situación y “abrir un diálogo que muestre el apoyo de la iglesia a quienes ahora están paralizados por el miedo”.
“Lo cierto es que esas personas vinieron aquí porque pudieron hacerlo, con permiso de residencia o no. Y devolverles a la fuerza a México o a sus países en Latinoamérica es una actitud racista y carente de valores”, dijo el pastor de la Iglesia del Calvario de California, Danny DeLeon.
DeLeon, líder en una de las iglesias evangélicas más grandes de California, insistió en que la ley de inmigración de Alabama ha provocado que “los derechos humanos se hayan ido por la ventana”.
“Esta ley no tiene sentido para nadie, nadie va a apoyar algo así. Los derechos humanos, aunque reconocidos en las leyes, necesitan sobrevivir en la vida real y esto no está ocurriendo en Alabama. (…) Lo único que consigue es romper familias”, subrayó durante la conferencia de prensa telefónica.
La ley HB56 entró en vigor de manera parcial el pasado 1 de septiembre, después de que una jueza bloqueara algunas de sus cláusulas sin pronunciarse sobre su constitucionalidad ni atajar dos de sus puntos más polémicos y que más temor han causado entre los indocumentados del estado, entre ellos un gran número de hispanos.
Así, ya está en vigor el apartado de la ley que autoriza a la policía a pedir la documentación a aquellas personas “sospechosas” de residir de manera ilegal en el país y también el que exige que las escuelas verificar el estatus migratorio de los estudiantes inscritos a partir del 1 de septiembre.
