Dan revés a Baca

Corte resuelve que no es confidencial su cooperación con programa de ICE
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La Corte Superior de Los Ángeles considera que no es confidencial la participación del Departamento del Sheriff en el programa de detención de indocumentados llamado Comunidades Seguras.

Esta resolución abre la puerta para que los defensores de los derechos de los inmigrantes puedan obtener información sobre la relación entre el Sheriff y las autoridades de migración.

En una resolución emitida ayer, la Corte Superior desestimó los argumentos del Departamento del Sheriff asegurando que la información requerida puede ser obtenida a través de la Ley de Récords Públicos de California.

El juez agregó que aunque es posible que haya partes del programa 287G -que permite que el Sheriff indague el estado migratorio de los detenidos-, el programa Comunidades Seguras no tiene las mismas limitantes.

Melissa Keaney, abogada del Centro Nacional de Leyes Migratorias (NILC), explicó que en 2009 esta organización solicitó información sobre la colaboración entre el Departamento del Sheriff de Los Ángeles (LASD) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y que hasta la fecha las autoridades locales se han negado a proveer esta información.

En el verano pasado, NILC, la Coalición de Derechos Humanos de Los Ángeles (CHIRLA) y la Red Nacional de Jornaleros (NDLON) interpusieron una demanda en la corte para obligar a la oficina del Sheriff a que revelara la información.

“Continuamos en nuestra lucha por obtener información que debería ser pública. Queremos saber cómo el Sheriff está colaborando con ICE, cómo colecta la información y cómo la hace llegar a ICE”, dijo Keaney.

Según las estadísticas reveladas por ICE, de agosto del 2009 a marzo de 2011, el 61% de los deportados de Los Ángeles con el programa Comunidades Seguras no han sido personas con récord criminal o convictas de crímenes violentos. ICE dio a conocer estos datos después de que fue obligado por una resolución judicial.

“Está claro que la mayoría de las personas deportadas de Estados Unidos provienen del condado de Los Ángeles… queremos saber por qué”, dijo la abogada.

Jessica Karp, representante de NDLON, agregó que la decisión de la corte es una victoria para los residentes de Los Ángeles.

“Nosotros tenemos el derecho a saber cuánto dinero de nuestros impuestos está gastando el Sheriff para facilitar las deportaciones que separan a las familias”, declaró Karp.

Los demandantes consideran que la decisión del juez forzará al Departamento del Sheriff a revelar la cantidad de personas detenidas en las cárceles del condado por infracciones civiles y cuánto de su presupuesto usa para colaborar con las autoridades de migración.

Carl Bergquist, representante de CHIRLA, dijo que otras agencias locales de seguridad pública han intentado sin éxito detener el flujo de información sobre su participación en la deportación de inmigrantes.

“Tenemos el derecho de saber cómo y por qué nuestro Sheriff que es electo públicamente, en tiempos de criminalidad baja está colaborando con el gobierno federal para deportar a miembros de la comunidad que en ninguna forma pone en peligro la seguridad pública”, manifestó Bergquist.

La demanda nombra al sheriff Lee Baca como defendido y lo acusa de violar la Ley de Récords Públicos de California al negar dar información sobre su colaboración con las autoridades migratorias federales.

La abogada Keaney considera que los angelinos merecen saber las prioridades del sheriff, las cuales están reflejadas en sus acciones y el presupuesto.

La Opinión llamó a la oficina de comunicaciones del Departamento del Sheriff para obtener su postura sobre la decisión de la corte. El sargento Peña pidió que se le enviara la petición por correo electrónico. Hasta la hora del cierre de esta edición aún no había una respuesta.

El siguiente paso podría ser que ICE sea agregada a la demanda, lo que llevaría el caso a una corte federal.