Siguen los viajes de la muerte en Dominicana
Volvió a ocurrir, una frágil embarcación naufragó en dirección a Puerto Rico, en ella decenas de dominicanos desesperados por la miseria y la falta de fe en el futuro del país, naufragaron en sus sueños de llegar a tierras que les brindaran mejor futuro. Al momento de escribir esta nota, no hay una cifra exacta de muertos, ni de cuantos exactamente eran lo que emprendieron ese viaje hacia la tragedia.
El guión siempre se repite, peces gordos del poder político y militar se benefician del riesgoso trasiego de vidas humanas, permiten que la gente se arriesgue a irse irregularmente del país, porque de esa forma le sacan presión social a la olla de vapor económico en que se ha convertido el país, pues cada dominicano que se marcha es un potencial descontento menos, además del dinero recaudado en esos viajes, una parte va a parar a los bolsillos de esos peces gordos, que permiten o patrocinan esos viajes.
Ahora truena el Procurador General de la Nación, pidiendo que se busque y castigue a los responsables, y a lo mejor tomen de cabeza de turco, al infeliz capitán de la embarcación, tratando con ello de dar satisfacciones a la opinión pública y apagar un poco el escándalo suscitado con la tragedia.
El negocio inhumano de tráfico de indocumentados, es un negocio millonario en República Dominicana, por lo tanto no es verdad que funcionarios civiles y militares corruptos, lo van a dejar en manos de una persona pobre, para que ésta se haga rica y ellos no disfrutar de los beneficios de un negocio tan próspero. En el país todo el mundo sabe en lo que anda cada quien, mucho más cuando se trata de actividades que son ilícitas y que dejan un beneficio económico tan alto.
Es inexplicable por ejemplo, que el M-2, servicio de inteligencia de la Marina de Guerra dominicana, uno de los servicios más efectivos del país, no sepa en cuales puntos del litoral costero es que se planifican y ejecutan los viajes hacia Puerto Rico. Que la misma Marina de Guerra, la cual ha adquirido algunas naves en los últimos años no tenga la capacidad para abortar los viajes antes de que se produzcan.
En Nagua, Miches y otras localidades, las cuales no son muy grandes en extensión geográfica, no se hace difícil contactarse con los organizadores de los viajes, solamente a las autoridades competentes se les hace imposible hacer ese elemental trabajo, porque de hacerlo entrarían a perder las comisiones que perciben, por permitir tan riesgosa práctica. Ojalá, y con las víctimas de estas tragedias se haga justicia y esto no es necesariamente detener y someter ante los tribunales al capitán de la yola, sino más bien cortar por lo sano y someter también a los peces gordos que están detrás de los viajes, sean civiles o militares.
Si no se hace esto, queda demostrada la connivencia del gobierno en esta criminal práctica y más compatriotas terminarán sus vidas en el fondo del mar.
