Inmigración: la lucha que no cesa

Inmigración: la lucha que no cesa
Los inmigrantes del estado de Nueva York se vieron beneficiados, hasta cierto punto, por la determinación del gobernador Andrew Cuomo de no participar en el programa Comunidades Seguras.
Foto: Humberto Arellano / edlp

Manhattan – Si a nivel nacional tanto el presidente Barack Obama como el Partido Demócrata no han estado a la altura de lo que prometieron en este tema, a nivel estatal el gobernador Andrew Cuomo y localmente el alcalde Michael Bloomberg trataron de paliar la tragedia inmigratoria.

Aunque el gobernador anunció en junio que el estado suspendía su participación en el programa de Comunidades Seguras, esto no impidió que siguieran participando las decenas de localidades que ya estaban registradas en el mismo. El Departamento de Seguridad Interna (DHS) respondió en agosto que el estado no tiene capacidad legal para suspender esa participación.

“El DHS no ha presentado ninguna base legal para su afirmación y han seguido utilizando el programa [en las localidades que lo tenían] lo que no está de acuerdo con el deseo del gobernador”, indicó Jackie Esposito, directora de Inmigración de la New York Immigration Coalition.

Tanto Esposito como Javier Valdés, vicedirector de Se Hace Camino NY coincidieron en señalar que a pesar de ello la decisión de Cuomo ha tenido un impacto nacional al sumarse a las decisiones en esa misma línea de los gobernadores de Illinois y Massachusetts. Aunque el DHS ha seguido operando el programa la decisión puso presión al presidente Barack Obama que organizó un Comité para que revisaran el mismo confirmando que éste ha tenido un impacto desfavorable en la seguridad pública. “Poco después, el presidente anunció una nueva política de inmigración para deportación que puede ayudar a salvar miles de familias”, señaló Valdés.

Al cierre de esta edición la oficina del gobernador no había respondido a nuestras preguntas.

A nivel local, Bloomberg firmó la ley que limita la colaboración entre la ciudad y la migra (ICE) en la cárcel de Rikers Island. A partir de ahora, los datos de los presos no se comparten automáticamente con el ICE “salvo en los casos de delitos graves o si los detenidos figuran en la base de datos de terroristas o pandillas”, indicó Valdés.

“La ley impone limitaciones pequeñas y no se aplica para aquellos que ya tienen orden de deportación, pero es un buen comienzo, aunque nos gustaría ver algo más”, señaló Esposito.

Al cierre de esta edición, el Departamento de Instituciones Penitenciarias no había respondido a nuestras llamadas.

Valdés destacó como logros para los inmigrantes la orden ejecutiva estableciendo interpretación y traducción en todas las agencias estatales y la implementación de la Ley del robo de salarios. “Antes era más fácil pagar la multa que pagar a los trabajadores y es muy importante que ahora con el incremento de las multas se lo van a pensar dos veces”, señaló Valdés.