Esconde gobierno a autores de matanza en Ayotzinapa

MÉXICO, D.F. – El uso de armas de fuego para disolver manifestaciones está prohibido en México, pero la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) no logró averiguar quién autorizó a policías federales, estatales, ministeriales y municipales portar rifles para hacer frente a la protesta de normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, el pasado 12 de diciembre.

Al presentar su informe preliminar sobre el caso donde murieron dos estudiantes de la normal Rural Raúl Isidro Burgos, el primer visitador de la CNDH, Luis García, reconoció que entre las 89 entrevistas que realizaron algunas fueron con policías, pero éstos no revelaron nada.

“Es una cadena de mandos y no han dado información”, dijo García.

Secundó así al presidente del organismo Luis Plascencia quien se había quejado durante el informe de los “obstáculos” que encontró en el gobierno para la investigación.

La Secretaría de Seguridad Pública Federal, por ejemplo, no entregó la información requerida en tiempo y forma y lo que proporcionó no satisfizo los requerimientos. Entre otras faltas, todavía no precisa cuántos de sus elementos estaban armados y la CNDH ha tenido que especular al respecto.

De los 165 policías que participaron en la escaramuza, 67 portaban armas; de ellos, la policía ministerial reconoce a cinco y la estatal a dos.

– ¿Y el resto?- se le preguntó a Plascencia.

– Podrían ser federales.

Las investigaciones de la CNDH aún no concluyen y llevaría hasta seis meses más porque trabajan con múltiples elementos en contra como el hecho de que los policías alteraron el lugar de los hechos después del desalojo de los manifestantes en la Autopista del Sol -que une a la Ciudad de México con el puerto de Acapulco.

Además, sin cuidado alguno, permitieron que las evidencias se contaminaran porque no acordonaron el área. Incluso un transeúnte entregó a los peritos un casquillo que había recogido con su mano cuando pasaba por ahí.

Bajo estas circunstancias todavía es fecha que no encuentran las ojivas de las balas que mataron a los estudiantes Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús que junto con otros normalistas pedían una audiencia con el gobernador del estado Ángel Aguirre porque en su escuela pasaban hambre.

Así, el director de Seguridad Pública de Guerrero dijo que sus hombres no estaban armados, cuando los videos y fotografías demostraron lo contrario y mientras el vocero la Policía Federal sostuvo que su gente llegó al lugar sólo para presenciar los hechos a distancia finalmente se confirmó que participaron activamente.

Por los dictámenes criminalísticos y de necropsia también develó que el joven Herrera Pino falleció por la herida provocada por un proyectil único en la cabeza, en la región parietal y Echeverría de Jesús por un impacto en el cuello.

Sin embargo, no ha podido llegar a los culpables y obtuvo sólo una hipótesis al respecto: que las balas que mataron a los dos jóvenes de la normal Rural –siguieron una trayectoria de poniente a oriente; es decir, del lugar donde se encontraban los policías ministeriales y la policía preventiva.