Polémica por una ordenanza que protege a inmigrantes
La familia de un hombre que murió en un accidente causado por un inmigrante está pidiendo que anulen la ordenanza.
Chicago/EFE – La familia de un hombre que murió en un accidente automovilístico causado por un inmigrante indocumentado que se fugó tras pagar una fianza está pidiendo al condado Cook, en Illinois, que anule una ordenanza que protege a los inmigrantes de ser entregados a la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE).
William McCann, de 66 años, perdió la vida en junio pasado al ser atropellado por Saúl Chávez, quien fue arrestado y pasó cinco meses detenido antes de que su hermano pagara una fianza de $25,000.
Chávez, de 36 años y que en el momento del accidente estaba ebrio, no se presentó a corte en noviembre y se presume que se escapó a México, su país de origen.
Los familiares de McCann cuestionan ahora la ordenanza del condado Cook que entró en vigor en septiembre pasado por la cual la policía no está obligada a entregar a los inmigrantes indocumentados detenidos a la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE).
Kevin McCann, hermano de la víctima, dijo a la prensa que si no fuera por esta ordenanza, Chávez aún estaría detenido para responder por la muerte de William.
Jesús García, el comisionado del condado Cook que presentó la ordenanza, dijo que envió una carta a la familia afectada para aclarar los puntos de la ordenanza.
“Yo ya expresé mis condolencias a la familia McCann y les escribí una carta el viernes pasado explicando su confusión sobre la ordenanza”, señaló.
García dijo que la causa de la fuga de Chávez no fue la ordenanza, sino el mal funcionamiento del sistema judicial.
“Chávez estuvo en custodia del alguacil del condado por cinco meses y fracasaron en detenerlo”, afirmó.
García señaló que la ordenanza está basada en un caso de Indiana en el cual una corte federal afirmó que la entrega de inmigrantes no criminales a ICE es una acción voluntaria y no obligatoria.
El comisionado afirmó que entregar a los inmigrantes a ICE para verificar su estatus legal costó millones de dólares al condado Cook.
Agregó que las estadísticas comprueban que bajo programas como el de Comunidades Seguras, la mayoría de los detenidos entregados a ICE y luego deportados han sido personas sin antecedentes criminales.
García dijo que la ordenanza ya no se puede revocar aunque no descartó que se puedan hacer enmiendas para señalar como proceder en casos de arrestos de inmigrantes que son criminales confirmados.
