Tratan de negociar acuerdo con ‘terrorista’
José Pimentel estará de nuevo en corte el 1 de marzo
José Pimentel permanece detenido desde noviembre pasado. Crédito: AP
NUEVA YORK – Fiscales y abogados defensores están negociando un acuerdo en un caso de terrorismo a nivel estatal contra un hombre acusado de construir una bomba de fabricación casera para tratar de atacar soldados, policías y otros objetivos del gobierno, según anunciaron ayer las partes involucradas.
Los fiscales esperan llegar a un acuerdo o llevar el caso a un jurado investigador el 1 de marzo, fecha en que José Pimentel debe comparecer en corte, dijo el fiscal Brian Fields a un tribunal. Pero la oficina del fiscal de distrito no ha hecho ninguna oferta firme, manifestó por su parte la abogada defensora Lori Cohen.
Las negociaciones tienen lugar a menos de dos meses del caso que el alcalde Michael Bloomberg y otros funcionarios han retratado como el uso inteligente de una ley estatal antiterrorismo contra un hombre que representaba una clara amenaza, pero en el que -según dijeron algunos funcionarios policiales- el FBI se negó a involucrarse debido a dudas sobre la fortaleza del caso.
A pesar de que se habla de llegar a un acuerdo, los fiscales “no están retrocediendo” en el caso, dijo Cohen.
Los fiscales han dicho que tienen “muchas horas” de grabaciones sonoras y de vídeo en el caso. Cohen indicó que estaba revisando la evidencia que los fiscales habían proporcionado, pero no quiso entrar en detalles.
Mientras tanto, Pimentel, que no apareció en la breve sesión ayer en la corte, permanece detenido sin fianza bajo cargos de posesión de armas y conspirar para cometer delitos de terrorismo.
El dominicano simpatizante de Al Qaeda y convertido al Islam -también conocido como Muhammad Yusuf- estaba haciendo una bomba cuando fue detenido a finales de noviembre, según informaron las autoridades. Más tarde, Pimentel dijo a la policía que le faltaba una hora para terminar el arma y que creía que la ley islámica obligaba a todos los musulmanes a librar una guerra contra los estadounidenses para vengar la acción militar de EEUU en sus países de origen, expresó la policía.
El quisqueyano mantenía un sitio web en el que detallaba su creencia en la guerra santa, o yihad, y le había dicho a un informante que quería atacar objetivos que incluían coches de policía y estaciones, oficinas de correos y soldados que regresaban a casa desde el extranjero, dijeron las autoridades.
Un abogado defensor anterior a Cohen dijo que Pimentel no constituía un peligro real, haciendo notar que él transmitió sus ideas extremistas por Internet. Pero la policía y los fiscales aseguran que Pimentel plantea un peligro real e inminente.
La mayoría de los casos de terrorismo son federales, pero algunos fiscales de Nueva York han hecho uso de una ley estatal antiterrorismo aprobada a raíz de los atentados del 11 de septiembre.
Dos agentes del orden han dicho que el FBI quedó fuera del caso porque los federales sentían que el dominicano no tenía la inclinación o capacidad de actuar sin la participación del informante. Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a discutir el caso.
El Comisionado de Policía de Nueva York, Raymond Kelly, dijo que habían mantenido al tanto a las autoridades federales hasta que las circunstancias obligaron a los investigadores a actuar con rapidez con los cargos estatales.
El Departamento de Policía también tomó la inusual decisión de trabajar con los fiscales de Manhattan, en lugar de los funcionarios federales, para llevar un caso de terrorismo en mayo contra dos hombres acusados de planear un ataque a sinagogas.
Un gran jurado ha declinado acusar a Ahmed Ferhani y Mohamed Mamdouh en el cargo más grave en su contra – conspiración para cometer terrorismo en alto nivel, que conllevaba una sentencia de cadena perpetua sin libertad condicional. En cambio, fueron acusados bajo un cargo menor de terrorismo estatal y varios de crimen de odio, incluyendo uno penado con hasta 32 años tras las rejas.
Los abogados de Ferhani han dicho que los cargos de delitos de odio y terrorismo están siendo mal aplicados a lo que llaman un caso de trampa policial. Los defensores de Mamdouh afirmaron que las acusaciones contra él no conllevan “la intención de intimidar o coaccionar a la población civil”, necesaria para una condena en virtud de la ley de terrorismo de estado.
