Alto funcionario no declarará por operación “Rápido y Furioso”

Patrick Cunningham, jefe de la sección criminal de la Oficina del Fiscal General de EE.UU. en Arizona, no participará como testigo contra sí mismo

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Alto funcionario no declarará por operación “Rápido y Furioso”
El dispositivo encubierto permitió el trasiego ilegal de miles de armas a México con el fin de rastrear a los compradores.
Foto: AP

Washington.- Un alto funcionario de EEUU anunció que no declarará ante el Congreso acerca de la operación “Rápido y Furioso” que permitió el tráfico encubierto de unas 2,000 armas de fuego hacia México para desenmascarar a los cárteles de la droga.

Patrick Cunningham, jefe de la sección criminal de la Oficina del Fiscal General de EE.UU. en Arizona, había sido citado a declarar la próxima semana por el presidente del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes, el republicano Darrell Issa.

“Para evitar una preparación sin necesidad por parte del Comité, les escribo para anunciarles que mi cliente va a hacer valer su derecho constitucional para no ser obligado a participar como testigo contra sí mismo”, afirmó Tobey Romero, abogado de Cunningham, en una carta al Congreso.

“Mi cliente es, de hecho, inocente, pero ha sido atrapado por desafortunadas circunstancias en las que ahora se encuentra entre dos brazos del gobierno”, agregó Romero, que insinúa que se pretender utilizar a Cunningham como chivo expiatorio.

Por su parte, el anuncio de Cunningham, que abandonará su cargo a finales de enero, ha sido calificado por Issa como “una significativa crítica a la integridad del Departamento de Justicia en la Operación Rápido y Furioso”, según un comunicado.

Issa agregó que “es la primera vez que alguien se acoge en esta investigación a la quinta enmienda (de la Constitución de EE.UU.), lo que aumenta la preocupación de que la motivación del Departamento de Justicia para rechazar la entrega de materiales solicitados es fruto del deseo de proteger a funcionarios responsables de cargos delictivos”.

Los republicanos han acusado al Departamento de Justicia y al fiscal general de EE.UU., Eric Holder, de conocer y aprobar la puesta en práctica de la fallida operación, de la que aún 1.400 armas no se han recuperado.

En diciembre de 2010, dos de las armas del operativo fueron halladas en el lugar donde fue asesinado un agente de la patrulla fronteriza estadounidense, Brian Terry, en Arizona.

En su comparecencia de diciembre pasado ante el comité de la Cámara de Representantes, Holder señaló que la táctica empleada es “completamente inaceptable” y su uso “inexcusable”, pero subrayó que la decisión de recurrir a ella no se tomó en Washington, apuntando así a que la idea pueda provenir de la oficina del fiscal general en Phoenix (Arizona).

El abogado de Cunningham critica en su carta que “funcionarios del Departamento de Justicia han informado que mi cliente ofreció información inexacta sobre la que se basó el Departamento para preparar su respuesta inicial ante el Congreso”.

“Si, como indica usted, los funcionarios han acusado a mi cliente, lo han hecho de manera injusta”, precisa la carta del abogado al congresista Issa.

Desde que se descubrió el fallo del operativo en diciembre de 2010, el Departamento de Justicia ha reemplazado al fiscal general de Arizona Dennis Burke y al director en funciones de la Oficina para el Control del Alcohol, el Tabaco y las Armas de Fuego (ATF), Kenneth Melson, pero muchos republicanos piden la dimisión de Lanny Breuer, jefe de la división criminal del Departamento de Justicia.

Sin embargo, Holder ha defendido que los altos funcionarios de su departamento no supieron nada del fallido operativo hasta finales de 2010, y pidió paciencia a los congresistas hasta que concluya la investigación interna que él mismo ordenó y pueda identificarse así a los responsables. EFE