Piden asilo póstumo para hondureño

Lo mataron tras ser deportado al ser negada su permanencia en EEUU
Piden asilo póstumo para hondureño
Josefa Rafaela García Mejía, de 44 años y residente de Jersey City, Nueva Jersey, muestra una retrato de su hijo Josue Rafael Orellana.
Foto: AP

Jersey City, Nueva Jersey.- Josué Rafael Orellana se fue de su vecindario pobre en Honduras siendo adolescente para escapar de lo que comenzó como burlas a sus discapacidades y terminó en amenazas de muerte si no se plegaba a una pandilla, según su madre.

Llegó ilegalmente a Nueva Jersey para vivir con su madre y solicitó asilo político, aduciendo que si lo obligaban a volver a su país, sería asesinado por las pandillas. Le negaron el asilo, fue deportado en el 2010 y el año pasado murió acribillado. Tenía 20 años.

Su familia quiere ahora que se le conceda el asilo en forma póstuma. Su abogado, Joshua Bardavid, dice que la idea es obligar a que el gobierno estadounidense admita que “el sistema le falló” a Orellana y llamar la atención a los suplicios de miles de adolescentes centroamericanos que enfrentan dilemas parecidos.

El caso, por otro lado, echa leña al fuego de un debate acerca de si Estados Unidos debería ampliar las razones por las cuales se puede considerar un pedido de asilo e incluir formas más modernas de conflicto, como la violencia de las pandillas.

Para recibir asilo, el solicitante debe demostrar que están bien fundados y documentados sus temores de que es víctima de persecución sea por su raza, religión, nacionalidad, opinión política o afiliación con un grupo social en particular. Debe demostrar asimismo que el gobierno o la autoridad de su país no está dispuesta a protegerlo o es incapaz de hacerlo.

El juez de inmigración Frederic Leeds, de Newark, consideró que los argumentos de Orellana eran verosímiles, pero que no había suficientes pruebas de que él y su familia estuvieran marcados por las pandillas. E incluso si las hubiese habido, no existe precedente legal para relacionar “el concepto de la unión del grupo familiar con el concepto de unirse a una pandilla”, escribió el juez.

Si bien la ley no considera que la amenaza de ser reclutado por una pandilla esté comprendida en la definición de un grupo social protegido, algunos creen que debería abarcarla, manifestó Dana Leigh Marks, presidente de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración.

“Están los que dicen que la ley que rige los asilos es anticuada y debe ser modernizada y los que creen que es un mecanismo limitado que no tiene como propósito resolver todos los problemas ni permitir que todos sean aprobados”, agregó.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados -el organismo responsable de proteger a los refugiados y los solicitantes de asilo de todo el mundo- difundió un memo en el 2010 en el que instó a los tribunales a que amplíen las interpretaciones de las leyes del asilo y consideren que las víctimas de pandillas organizadas merecen protección si sus casos satisfacen todos los otros requisitos legales.

Quienes se oponen a la expansión de los criterios para la concesión del asilo dicen que podría agregar una nueva carga a un sistema de inmigración que ya está desbordado.

“No hay límites para las categorías que se podrían añadir siguiendo nuestros parámetros”, sostuvo Steven Camarota, director de investigaciones del Centro de Estudios de Inmigración, organismo con sede en Washington que promueve mano dura con las personas que están ilegalmente en el país.

“Podemos llegar a la conclusión de que en algunos países las mujeres no son bien tratadas, comparado con nuestros parámetros, pero ¿se puede decir que, si no son bien tratadas, pertenecen a un grupo social particular?”, preguntó Camarota.

La madre de Orellana, Josefa Rafaela García, vive legalmente en Estados Unidos, al amparo de un programa que permite a los inmigrantes de ciertos países vivir y trabajar en Estados Unidos con una visa restringida. Dijo que las pandillas mataron a su hijo, el más joven de sus cuatro vástagos.

“Como madre, como cristiana, digo que mi hijo no estaba involucrado con las pandillas; nunca llevó consigo ni siquiera un cortauñas”, declaró la mujer, llorando mientras sostenía una foto de su hijo. “Si no lo hubiesen deportado, hoy no estaría muerto”.