Reabren caso de esterilizaciones por la fuerza

Cerca de tres mil peruanas fueron inyectadas durante el gobierno de Fujimori

Micaela Flores , derecha y  Maximiliana Quillahuaman luego de hablar en el  congreso en Lima.

Micaela Flores , derecha y Maximiliana Quillahuaman luego de hablar en el congreso en Lima. Crédito: Martin Mejia / AP

LIMA – Unas 2000 mujeres denunciaron ante el congreso haber sido esterilizadas contra su voluntad, como parte de un programa de “planificación familiar” emprendido por el gobierno de Alberto Fujimori en 1996. El caso fue reabierto por el actual gobierno.

El programa consistió en la esterilización forzada de unas 300.000 mujeres, según información del propio gobierno.

Los intentos por investigar las denuncias fracasaron y en el 2009 el caso fue archivado bajo el argumento de la prescripción de los cargos de homicidio culposo y negligencia. En octubre pasado, sin embargo, el gobierno, presionado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, anunció la reapertura del expediente y la Fiscalía dijo que el caso será tratado como un delito de lesa humanidad y por tanto no será prescriptible.

Sin embargo, a la fecha, el expediente sigue siendo estudiado por la fiscal encargada del caso y las víctimas de esterilizaciones forzadas continúan esperando señales claras de que obtendrán justicia.

El caso ha sido asignado a la fiscal Edith Alicia Chamorro, titular de la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial, que tiene facultades para realización una investigación a nivel nacional. La fiscal Chamorro no quiso dar una entrevista a la AP y se limitó a declarar por teléfono que estaba “evaluando el expediente”, un voluminoso legajo compuesto por 62 cuadernos.

Chamorro dijo que no se le ha asignado ninguna asistencia especial y que se maneja con el equipo legal con el que habitualmente trabaja.

El Fiscal de la Nación José Peláez, declinó conceder una entrevista a la AP pese a reiterados llamados.

Activistas afirman que, además de ser forzadas, las esterilizaciones se realizaron en condiciones insalubres, con seguimiento escaso o nulo, y tienen documentados 18 casos de mujeres que fallecieron por infecciones poco después de ser esterilizadas.

Este podría ser uno de los peores programas de esterilizaciones forzadas dispuestas por un gobierno de que se tiene noticias.

Estos programas comenzaron a funcionar a fines del siglo XIX, con el objetivo de reducir la cantidad de personas con escasa inteligencia y, sobre todo, de enfermos mentales. La idea era purificar la raza dominante.

Alejandra Cárdenas, asesora Legal del Programa para Latinoamérica y el Caribe del Centro por los Derechos Reproductivos, dijo que un caso como el de Perú solo ocurrió en la década del 70 en la India.

“El objetivo era reducir la natalidad en las poblaciones más pobres. El estado implantó todo un programa. Podemos decir que lo que sucedió fue un crimen de lesa humanidad por la escala y la sistematicidad con la que se llevó a cabo”, declaró.

El propio Fujimori anunció en 1995, en un congreso mundial de mujeres en Beijing, que su gobierno emprendería un plan nacional de planificación familiar para que las peruanas pudieran decidir el número de hijos que querían tener.Fujimori, hoy de 72 años, cumple una condena de 25 años de cárcel.

La congresista Hilaria Supa, una indígena representante del Cusco y quien fue una de las primeras denunciantes de las esterilizaciones forzadas que se cometían en su comunidad en Cusco, dijo que los “operadores de salud) tenían la política de decir ‘te vamos apoyar si te vas a esterilizar’ o le decían es una ley, es un mandato del gobierno” .

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