Hispana no fue candidata por ley de hace 120 años
La legislación data de cuando los colonos blancos que llegaron a Arizona querían erradicar el español.
PHOENIX (AP) — Una ley de Arizona sancionada hace 120 años está en la picota luego de que fue usada para impedir que una mujer hispana se postulase a concejal de un pueblo de la frontera con México porque su inglés es deficiente.
Si bien los registros no revelan el propósito específico de la antigua ley, el historiador del estado Marshall Trimble dijo que en la época en que fue sancionada -cuando los colonos blancos llegaron a Arizona a comienzos de 1890 con la expansión de los ferrocarriles-, “estaban tratando de erradicar el español”.
La semana pasada, la Corte Suprema de Arizona ratificó el fallo de un juez que había ordenado retirar el nombre de Alejandrina Cabrera de la lista de candidatos al concejo municipal de San Luis, una pequeña ciudad que está al suroeste de Arizona, en la frontera con México.
Cabrera insiste en que su inglés es lo suficientemente bueno para la mayoría de los electores de habla hispana. Su abogado dice que la decisión de impedirle postularse obedece a cuestiones políticas porque ella trató dos veces de destituir al alcalde.
Si no se cambia, alertó el abogado, la ley “se volverá una herramienta política… una prueba para medir la inteligencia” de alguien, que podría ser “utilizada y abusada en detrimento de los electores”.
Al buscar su remoción, el alcalde de San Luis, Juan Carlos Escamilla, y otros funcionarios de la ciudad citaron una ley estatal de 1913 que establece que “cualquiera que no sea capaz de hablar, escribir y leer en inglés no es elegible” para ocupar un cargo público en el estado.
The Associated Press encontró que, de hecho, la ley comenzó como un acta territorial en 1889, más de dos décadas antes de que Arizona se volviera estado el 4 de febrero de 1912.
Antes de la llegada de los ferrocarriles, el español era el idioma dominante en Arizona. La moneda era el peso mexicano y los matrimonios entre blancos e hispanas eran comunes y aceptados, explica Trimble.
“Todos eran tratados con mucha más equidad antes, era sencillo llegar aquí y las personas comenzaron a traer sus prejuicios”, agregó. “Fue arrogancia blanca”.
Otra acta territorial en esa época prohibió los casamientos interraciales. Ya no consta en los libros.
Aunque 23 estados en el país tienen leyes que declaran que al inglés como el idioma oficial, Arizona es el único que pide a los funcionarios hablar el idioma, dice Jon Griffin, asociado en la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales en Washington.
Cuando fue localizada en su teléfono celular, Cabrera se negó a hablar con The Associated Press en inglés sin que estuviera su abogado.
En preguntas escritas en español, ella respondió en inglés a la AP. Aunque escribió mal varias palabras, su mensaje era claro: acusó de racismo al alcalde, al juez del condado Yuma y a la Corte Suprema de Arizona.
El alcalde Escamilla dijo que la decisión del concejo de retirar a Cabrera de la boleta electoral no tiene nada que ver con la raza. El y el resto de los concejales de la ciudad son hispanos que hablan inglés y español.
Aunque hay un traductor de español siempre disponible en las reuniones del concejo para las personas del público que no hablan inglés, todos los actos y documentos del organismo se hacen en inglés, señaló Escamilla.
Los miembros del concejo también tienen que reunirse con autoridades estatales y federales, y el inglés es esencial para esas reuniones, dijo el alcalde.
John Minore, abogado de Cabrera, comparó la ley de Arizona de 1889 con las leyes que privaron a los negros de derechos políticos hasta la década de 1960.
Agrega que, como está redactada, la ley requiere que un funcionario electo hable, lea y escriba en inglés, pero no establece el dominio del idioma que debe tener esa persona. Agrega que aunque el inglés de Cabrera es defectuoso, puede leerlo, escribirlo y hablarlo.
Minore cree que el caso de Cabrera tiene matices políticos.
Después de que la municipalidad despidió a su esposo y a otros 11 empleados para reducir el presupuesto, Cabrera encabezó una campaña para destituir a Escamilla, que no prosperó. El esposo de Cabrera era empleado administrativo de la municipalidad.
Minore dijo que le gustaría llevar el caso a la Corte Suprema de Estados Unidos, pero para eso necesitan ayuda financiera y abogados con más experiencia en el máximo tribunal del país.
Escamilla asegura que Cabrera fue retirada de la boleta electoral únicamente por su falta de dominio del inglés.
“No estoy utilizando esto como una venganza personal para atacarla”, dijo el alcalde. “Así no es como gobierno. Esto sólo es por el bien de la comunidad”.
Cabrera ha dicho que quería ser concejal para ayudar a su empobrecida comunidad, creando más empleos, reduciendo el costo de las facturas que la gente paga por el agua y escuchando a los electores.
En San Luis, el 98.7% de la población de 25,500 personas es hispana, de acuerdo con los datos del censo publicado en 2010. Muchos de los residentes no hablan inglés.
“Sí, mi inglés no es fluido, pero el inglés que hablo es suficiente para San Luis porque la mayoría de la población habla en español”, escribió Cabrera.
Cabrera, de 34 años, nació en Yuma, pero dijo haberse criado en México, donde monjas de escuelas privadas le enseñaron algo de inglés. Regresó a Estados Unidos cuando tenía 17 años y se graduó de la secundaria en una escuela de Yuma.
Agregó que desde el 2002 ha sido activista social y ha tomado clases de inglés, ciencias políticas y justicia penal en una universidad.
Al ordenar su exclusión de la boleta electoral, el juez citó el informe de un lingüista contratado por la municipalidad para evaluar los conocimientos idiomáticos de Cabrera. La Corte Suprema estatal anunció su fallo sin ofrecer explicación alguna, pero planeaba emitir un dictamen por escrito dentro de dos meses.
Después de tomarle tres exámenes a Cabrera, William Eggington reconoció su “coraje y ambición”, pero concluyó que su manejo del idioma era muy básico y que “aún no tiene suficiente dominio de la lengua para funcionar adecuadamente” en el concejo.
John Nelson, juez de la Corte Suprema del condado Yuma, dijo que Cabrera “no pudo entender lo que se le preguntaba” durante una audiencia y adivinaba las respuestas.
Es común encontrar a funcionarios que no tienen un dominio total del inglés a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos. En Socorro, Texas, por ejemplo, el alcalde Trini López reconoció que su inglés “no es bueno”, pero eso no le ha impedido representar a su ciudad.
“No soy juez ni abogado, pero en mi opinión personal, si un ciudadano estadounidense tiene derecho de votar, debería tener el derecho de competir por un puesto público”, dijo López. “Debería depender de los electores decidir si ella va a ser elegida”.