Exministro salvadoreño enfrenta la deportación por torturas en los 80s

MIAMI.- Un juez de inmigración de la Florida allanó el camino para que un exministro de defensa de El Salvador sea deportado a su país por haber participado o ayudado en torturas y masacres durante la guerra civil de la nación centroamericana, en los años 80.

El magistrado James K. Grim falló en Orlando que el general Eugenio Vides Casanova puede ser deportado de Estados Unidos por una serie de matanzas y torturas cometidas en su país entre 1979 y 1989.

El fallo del juez fue revelado por el Centro para la Justicia y Rendición de Cuentas y confirmado el viernes a la AP por Nicole Navas, portavoz del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos.

Al igual que otros militares salvadoreños que se refugiaron en Estados Unidos en busca de tranquilidad, Vides Casanova no puede ser juzgado en su país debido a una ley de amnistía aprobada en 1993.

Sería la primera vez que la justicia de inmigración estadounidense determina que un exoficial castrense extranjero puede ser deportado por las masacres cometidas, después de la aprobación en el 2004 de una ley que buscaba impedir que violadores de derechos humanos llegaran o se establecieran en este país.

La portavoz de inmigración, Navas, declinó efectuar declaraciones alegando que se trata de un caso que aún no ha sido resuelto definitivamente.

Vides Casanova tiene aún la posibilidad de explicarle a las autoridades de inmigración por qué desea permanecer en Estados Unidos.

Su abogado, Diego Handel, dijo a la AP en un mensaje de correo electrónico que no podía dar declaraciones porque el caso aún no había sido cerrado.

Vides Casanova fue uno de los principales aliados de la política de contrainsurgencia de Estados Unidos en Centroamérica en los años 80 y como muchos de los militares que integraron la cúpula militar durante el conflicto salvadoreño se fueron a vivir a Estados Unidos cuando concluyó la guerra en 1992.

Debido a una amnistía promulgada en 1993 por el expresidente derechista Alfredo Cristiani, pariente político de Vides Casanova, los militares que estuvieron en activo durante la guerra (1980-1992) no pueden ser juzgados por violaciones a los derechos humanos.

Los familiares de las víctimas han buscado justicia en el país donde residen los exoficiales a través de juicios civiles.

En una demanda previa en su contra por torturas a tres salvadoreños, la justicia estadounidense determinó que él y Guillermo García, otro exministro de Defensa de El Salvador, tenían que pagar $54.6 millones como resarcimiento económico a tres víctimas de violaciones de derechos humanos en su país.

Tras perder una apelación en el 2006, Vides Casanova tuvo que entregar más de $300,000 dólares de sus activos.