Gobierno ha cerrado administrativamente 1% de deportaciones pendientes

Este índice podría elevarse, al terminar la revisión de antecedentes.

WASHINGTON, D.C.— Es un número muy por debajo de las expectativas. Ayer, el director del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) John Morton, aseguró que el gobierno ha revisado la mitad de los 300 mil casos de deportaciones irresueltas.

De ellos se han cerrado administrativamente 1,500. Funcionarios insisten en que esta cifra se podría elevar a 13,000 cuando terminen de procesar los 142 mil casos ya examinados.

En una audiencia con el subcomité de seguridad nacional, del comité de apropiaciones en la Cámara de Representantes, Morton entregó las cifras actualizadas, respecto a la política de la Administración de revisar -de manera extraordinaria- 300,000 deportaciones pendientes, anunciada en agosto de 2011.

A pesar de la gran expectación que generó la medida y de las esperanzas en la comunidad inmigrante, los resultados muestran la rigurosidad del criterio aplicado, que se basa en el memorando emitido por Morton en junio pasado.

Ahí se especifica que debieran tener una consideración particular, las personas que sean familiares de ciudadanos, grupos como veteranos, miembros de las Fuerzas Armadas y residentes permanentes en el país por varios años, entre otros puntos.

“Estamos en la mitad de la revisión, hemos examinado 150,000 casos, de los cuáles hemos cerrado administrativamente 1,500. La mayoría de ellos corresponden a personas que llevan muchos años residiendo en los Estados Unidos y que tienen cónyuges o hijos ciudadanos”, dijo Morton.

El cierre administrativo deja a los individuos en un limbo migratorio. En general, se les permite permanecer en el país por un periodo de uno o dos años, pero no les asigna ningún tipo de estatus.

Consultado por La Opinión respecto al bajo número de casos cerrados, el director de ICE aseguró que “no se deben sacar conclusiones apresuradas basadas en estos números, ya que de los 150,000 todavía hay situaciones en que se está realizando chequeo de antecedentes”.

Consultados por detalles, funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) explicaron a La Opinión que el número de casos exactos que se han revisado hasta el momento, a nivel nacional, llega a 142,000.

“De ellos, 13,000 han sido identificados como elegibles para un cierre administrativo, dependiendo de un chequeo de antecedentes, aún en progreso.

Esto incluye los 1,500 que ya han sido resueltos”. Es decir, que 11,500 podrían potencialmente sumarse al cierre administrativo, lo que representa un 9.2% de los casos examinados.

En enero de este año, DHS había entregado cifras preliminares de los programas pilotos de revisión, ejecutados en Baltimore y Denver, las que indicaban que cerca de un 16% de los casos estaban recibiendo un cierre administrativo.

“Hemos visto que algunas personas están declinando la opción de tener sus casos cerrados, porque piensan que van a ganar en las cortes de inmigración. Tendremos un balance más claro sobre estos números en las siguientes semanas, cuando avance el proceso”, agregó el funcionario.

Respecto a la fecha exacta para terminar la revisión, aseguró que esperan que sea para este verano, pero dijo que no entregarán un límite de tiempo.

“Considerando que los casos cerrados hasta ahora son 1,500, creo que el número es bien decepcionante. Me entristece mucho. Nosotros esperábamos otra cosa. Incluso con el 16% de las cifras preliminares, estábamos disconformes. Si tú lees el criterio, entonces no utilizaron discreción. Si tú sigues este paso, del millón de personas que deportaron hubieras cambiado el futuro de sólo 10 mil”, comentó el congresista Luis Gutiérrez (D-IL).

“Me parece que dada las estadísticas que nos dieron en el pasado, la mitad de las personas deportadas no tenían antecedentes criminales. Entonces me parece a mí que esto es una prueba de que van a continuar la deportación y separación de familias”, aseguró.

Durante la audiencia, Morton también fue consultado por los reclamos contra el programa de Comunidades Seguras, que ingresa las huellas digitales de personas detenidas y las contrasta con las bases de datos federales para indagar sobre el estatus migratorio del individuo.

Morton dijo que en algunas semanas más, ICE realizará un anuncio respecto a las recomendaciones sobre personas arrestadas por infracciones de tránsito, una de las principales críticas contra la agencia.

“Estamos presentes en 45 de los 50 estados. Algunas jurisdicciones, un número muy pequeño están preocupados por las personas que cometen ofensas menores, pero no existen desacuerdos respecto a la necesidad de buscar individuos deportables en el sistema penal”, enfatizó Morton.

“Desde mi perspectiva, las jurisdicciones bajo investigación del programa Comunidades Seguras, debieran ser suspendidas. Todavía hay muchos incidentes de ciudadanos estadounidenses arrestados bajo este programa. Aún necesita mucho trabajo.

Entiendo la meta, pero creo que existe una mejor forma de hacerlo, que poner en peligro el bienestar de personas inocentes”, señaló a La Opinión la congresista Lucille Roybal-Allard (D-CA), quien integra el Comité de Apropiaciones.

El director de ICE insistió en que Comunidades Seguras estará operando a nivel nacional en marzo de 2013. Además, especificó que probablemente a final de este año se implementará en Alabama.