Nueva regla limitaría abusos en las cárceles

WASHINGTON, D.C.- Encarcelados pero desprotegidos. Los abusos contra reos han sido uno de los dolores de cabeza más incómodos del Gobierno en los últimos años. Uno que ahora pretende superar, con una nueva regla. La excepción parecen ser los centros de detención de inmigrantes, quienes tendrían un control y cumplimiento diferentes.

La población total de detenidos en el país, tanto en cárceles federales como locales, llegaba a 1,612,395 personas en diciembre de 2010, según el reporte más actualizado del Buró de Estadísticas de Justicia. Esto incluye un 21% de reclusos latinos.

La misma agencia reportó en 2007, que un 4.5% de los reos adultos a nivel nacional (60,500), experimentaron uno o más incidentes de persecución sexual de otros reclusos o personal de seguridad. Grupos defensores de derechos humanos han indicado que las víctimas totales, incluyendo niños, llegan al menos a 216 mil.

En 2003 se promulgó la ley para la eliminación de las violaciones en prisión (PREA). Ahí se estableció que el asalto sexual en detención constituye un quebrantamiento de la enmienda 8 de la Constitución.

La ley especificó un estudio integral y la emisión de nuevas reglamentaciones al respecto. Recién en enero de 2011, el Departamento de Justicia (DOJ) emitió una primera propuesta de reglas sujeta a comentarios y cambios.

“El abuso sexual es un crimen, no un castigo dado por un delito”, dijo El Procurador General, Eric Holder, al presentar la norma preliminar.

La propuesta incluyó medidas como un chequeo de antecedentes de las nuevas contrataciones; un protocolo de evidencia para preservar las pruebas tras un incidente; múltiples métodos para reportar el abuso sexual; acceso a defensores de víctimas de abuso y realización de auditorías, entre otros puntos.

A pesar de que el período de comentarios debió durar dos meses antes, de publicar la regla final, recién ahora se espera que el DOJ entregue la versión definitiva, “en un par de semanas”, según comentaron a La Opinión fuentes del interior de la agencia.

Y es que la propuesta ha enfrentado críticas de organizaciones de derechos civiles, además de generar una disputa interna con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Entidades como Prison Fellowship y ACLU han insistido en que el DOJ debía ir más lejos con las reformas. Entre los cambios destacados, enfatizaron la “necesidad de restituir estándares más estrictos y auditorías independientes, así como reinstaurar el requisito que exige a las prisiones cumplir con PREA y no sólo el desarrollo de un plan para proteger a los reclusos”. Además, insistieron en que la regulación debe incluir a los detenidos en los centros de inmigración.

Este precisamente, ha sido uno de los puntos más polémicos que ha enfrentado al DOJ con el DHS. Fuentes en el interior de Seguridad han manifestado a La Opinión, su preocupación respecto “a la supervisión que Justicia daría a las cárceles de inmigración y su capacidad de ejecutarla”.

El director del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), John Morton, especificó en una audiencia la semana pasada, que gracias a los nuevos estándares implementados por el DHS, ICE sería la primera agencia “que ya daría pleno cumplimiento a PREA”, sin necesidad de incluir los centros de detención para inmigrantes en la nueva regla del DOJ.

El pasado 30 de noviembre el expresidente de la comisión creada por PREA, el juez Reggie Walton, envió una carta a la secretaria del DHS, Janet Napolitano, donde especificó que “excluir a los centros de detención para inmigrantes de la reglamentación final, dejará a los detenidos en una situación vulnerable para un abuso continuado”.

Fuentes vinculadas con las negociaciones, insistieron a La Opinión, que “DHS ha realizado un fuerte cabildeo con la Casa Blanca, que aparentemente ha cedido ante los argumentos de la agencia”.

Consultada por La Opinión, la directora del Consejo de Política Doméstica de la Casa Blanca Cecilia Muñoz, especificó que el tema está siendo discutido por ambas agencias, y no emitió comentarios al respecto.

En una conversación con La Opinión, Holder aseguró que una nueva regulación de PREA “incluirá todos los centros de detención federales de alguna forma o manera”. Una esperanza que aún mantienen grupos de derechos civiles, pero que se apaga frente a un pesimismo creciente.