Reos saldrían de aislamiento

SACRAMENTO, California .— Una importante reducción en el hacinamiento de las cárceles les ha dado a las autoridades del sistema estatal más grande del país la posibilidad de reconsiderar las anticuadas políticas que afectan el lugar donde viven los presos y pensar en cuáles serían las mejores maneras para eliminar las pandillas que controlan extraoficialmente muchos aspectos de la vida entre rejas.

Las autoridades de las cárceles de California presentaron este mes los cambios propuestos a las reglas que mantenían a algunos de los miembros de pandillas en aislamiento durante años, que causaron huelgas de hambre generalizadas entre los presos.

También divulgaron un estudio que podría ahorrar dinero de los contribuyentes si se le otorga al estado más flexibilidad para albergar a algunos reclusos de alto riesgo en cárceles de baja peligrosidad en vez de construir nuevos centros de detención de máxima seguridad.

Ambas medidas son posibles, señalaron las autoridades, porque el estado está trasladando a miles de reclusos de baja peligrosidad de cárceles estatales a locales, conforme a la ley que entró en vigor en octubre.

El cambio fue impulsado por jueces federales que dictaminaron que las cárceles estatales tenían un nivel tan alto de hacinamiento que las autoridades no podían ofrecer la atención adecuada a los presos con enfermedades mentales o físicas. El año pasado, la Corte Suprema de EEUU confirmó la autoridad de los jueces para ordenar que el estado redujera dicho hacinamiento.

La reducción recién comienza, pero sus beneficios están cambiando la forma en que funciona el Departamento de Penitenciarías y Centros de Rehabilitación, señaló Terri McDonald, subsecretaria de operaciones del departamento.

“La reestructuración de la seguridad pública nos ha dado la oportunidad de comenzar a implementar estudios de investigación y políticas que hace muchos años deseábamos llevar a cabo pero no teníamos la capacidad de hacerlo debido al hacinamiento”, señaló en una entrevista.

El departamento no había pensado en divulgar el viernes 9 de marzo el estudio sobre la clasificación de seguridad de los presos, hasta que The Associated Press obtuvo una copia en forma independiente. Pero McDonald señaló que el estudio concuerda con las nuevas normas para pandillas que les daría a los reclusos la posibilidad de salir de las unidades de seguridad del estado, conocidas por sus siglas en inglés SHU.

El estado puede alojar con seguridad a algunos reclusos de máxima seguridad en prisiones de baja peligrosidad, según cinco expertos en criminología de la Universidad de California a quienes el departamento encomendó examinar su sistema de clasificación. Esto a su vez podría liberar espacio en las cárceles de máxima seguridad para alojar a algunos de los casi 2,300 miembros de pandillas que actualmente se encuentran en las SHU, señaló McDonald.

Donald Specter, director de la organización sin fines de lucro, Prison Law Office, con sede en Berkeley, ponderó las recomendaciones de seguridad pero dijo que los miembros de las pandillas deberían poder salir de las unidades de aislamiento con mayor rapidez de lo que propone el departamento.

El departamento podría haber cambiado sus anticuadas políticas sin esperar a reducir el hacinamiento, señaló Specter, uno de los abogados que entabló la demanda y ganó la orden federal para la reducción del hacinamiento en las cárceles.

Las normas propuestas señalan que los miembros de las pandillas ya no tienen que renunciar a la afiliación a su pandilla. En vez, pueden ganar más privilegios y salir de las unidades de aislamiento en cuatro en vez de seis años si dejan de participar en actividades de pandillas y se inscriben en programas para el manejo de la ira y rehabilitación de drogas.

Las antiguas restricciones hicieron que más de 6,000 reclusos en 13 cárceles de todo el estado se negaran en el mes de julio a aceptar las comidas proporcionadas por el estado. Organizaron otra huelga de hambre en septiembre y han realizado otras más pequeñas en forma intermitente desde entonces.

Las autoridades señalan que su proceso de revisión comenzó en mayo, antes de que surgieran las huelgas de hambre, y que las normas se basan en programas establecidos en otros siete estados.

Sin embargo, las autoridades señalaron que los cambios propuestos a las políticas atienden algunos de los reclamos de los reclusos. Los presos desean una forma para ganarse el derecho a salir del aislamiento, y la política propuesta les da más incentivos de los que buscaban.

Bajo la antigua política, los miembros de pandillas eran enviados automáticamente a unidades de seguridad para vivir junto con miembros y líderes de pandillas. De los 2,300 delincuentes que se encuentran en unidades de asilamiento debido a su participación en pandillas, casi 1,800 se consideran miembros de las mismas.

Las unidades también albergan a reclusos que no están asociados a pandillas que matan a otros presos, atacan a empleados o participan en los disturbios.

Bajo la política propuesta, muchos miembros de pandillas podrían continuar viviendo con la población carcelaria general.

Con solo implementar este cambio se podría reducir considerablemente la población de las unidades de seguridad, señaló McDonald.

El departamento anunció este mes que ha retirado la última tanda de casi 20,000 camas improvisadas que se habían colocado en gimnasios y otras áreas comunes para alojar a los presos que desbordaban las celdas tradicionales antes de la nueva ley de reestructuración.

Al tener menos reclusos en todo el sistema, McDonald afirmó que el departamento considerará agregar programas de educación y rehabilitación a los presos que deseen mejorar sus vidas y dejará las otras cárceles más básicas para albergar a los delincuentes que no están interesados en cambiar sus vidas.