Honduras admite crisis carcelaria

Médicos forenses practican el levantamiento de los cadáveres en el interior del penal de Comayagua, luego de un voraz incendio.

Médicos forenses practican el levantamiento de los cadáveres en el interior del penal de Comayagua, luego de un voraz incendio. Crédito: archivo / efe

Washington/EFE – Representantes del Gobierno de Honduras admitieron ayer ante la CIDH la grave situación de los centros penitenciarios del país, aquejados de problemas de infraestructura, sobrepoblación y un número de presos en detención preventiva que supera al de los condenados.

En una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) intervinieron representantes del Estado hondureño y también Rodrigo Escobar Gil, relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad dentro de la Comisión.

“La situación de las cárceles en Honduras es de suma gravedad y de una crisis verdaderamente estructural”, dijo en la audiencia Escobar Gil, quien denunció “deficiencias estructurales en todo el sistema carcelario”.

Los comisionados pidieron al Estado de Honduras una mayor información sobre los esfuerzos legislativos y públicos para paliar esas deficiencias y exigieron una “estrategia más integral” para combatirlas.

Los funcionarios hondureños admitieron que la situación es grave, pero defendieron, no obstante, la actuación del Estado cuando el pasado 14 de febrero se produjo un incendio en el penal de Comayagua que causó la muerte de 361 personas.

La procuradora general de Honduras, Ethel Deras, indicó que el Estado “debe ser garante de la vida de las personas cuando están privadas de libertad, pero las deficiencias estructurales tampoco pueden obviarse”.

“El Estado de Honduras ha atendido de forma responsable el incendio. Sin embargo, continúa trabajando en las secuelas que ha dejado este hecho y tiene programado todo un plan para depurar los centros penitenciarios”, aseguró Deras.

La funcionaria defendió la “efectividad” de la investigación en marcha para esclarecer las causas del incendio, que también van a ser objeto de una investigación propia de la CIDH, que tiene previsto enviar a Honduras una misión para esa tarea.

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