Deportaciones diferidas ganan terreno

El nuevo “abogado público” de la Agencia de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), Andre Lorenzen-Strait, dijo ayer que su agencia ha aprobado el 67% de unas dos mil peticiones de “deportación diferida” que han recibido desde que comenzaran a aplicar la discreción en deportaciones.

“Hemos ejercido la discreción también en el proceso de muchos deportados, incluso parte de la misma capacidad que tenemos nos permite hacerlo incluso después de que un juez da una orden final de deportación”, dijo Lorenzen-Strait.

“Más o menos hemos considerado unos dos mil casos, de los cuales hemos aprobado un 67%. Nos parece una cifra enorme y que se debe al buen trabajo que estamos haciendo al entrenar a nuestros supervisores”, agregó.

Según Lorenzen-Strait, quien dio la cifra ayer en una teleconferencia con abogados y activistas, este número es aparte de los casos que han cerrado en su revisión de los 300 mil casos pendientes de deportación. “Hasta ahora hemos completado la revisión de 175 mil y cerrado un 10%”, indicó.

Explicó además que las personas que reciben esta deportación diferida no reciben un estatus legal permanente, pero que sí pueden obtener un permiso de trabajo. No es así en los casos de cierre administrativo, cuando un caso se cierra o se suspende y no hay opción de obtener ese permiso.

Dijo que además ICE está trabajando de cerca con las cortes de inmigración (Oficina Ejecutiva de Procesamiento de Inmigración) para ofrecer suficiente información a los que están “en proceso” para que conozcan la información sobre la discreción y como obtenerla.

La cifra parece pequeña, sobretodo tomando en cuenta que Estados Unidos deporta un total aproximado de 400 mil personas al año. El “abogado público” indicó que “estamos aplicando las prioridades para usar mejor los recursos que tenemos y argumentó que el 90% de los deportados hoy en día cumplen esas prioridades.

Dijo que los casos prioritarios para deportación incluyen “aquellos con delitos en su haber y personas fugitivas tras una orden de deportación”, así que técnicamente no se limita solamente a delincuentes comunes.

Según documentación que ICE distribuye entre sus fiscales, se explica que la deportación diferida no es un beneficio formal contemplado por la ley, sino una “herramienta que está totalmente a discreción de ICE para usar los recursos que tenemos de la mejor manera posible y enfocarnos en casos de alta prioridad”.

Como tal, no hay un proceso formal para lograr la DA o Deferred Action, que es el nombre legal de este procedimiento. Según la abogada de Los Ángeles, Meredith Brown, “es difícil para un inmigrante lograr este beneficio si no tienes un abogado, porque no hay un proceso formal”.

“Hay que mandar cartas, presentar material de apoyo, etc. Nunca se sabe cuánto tiempo llevará ni si tendrá éxito, aunque lo están usando mucho en caso de estudiantes o potenciales dreamers, por ejemplo’, dijo.

La abogada, que practica ley migratoria en Los Ángeles, dijo que los fiscales de ICE han estado colaborando muy abiertamente con los abogados de la barra privada, cosa que antes no sucedía.

“Antes ni siquiera hablaban con nosotros, ya hay una mejor comunicación. Ahora mismo colgué de hablar con el fiscal de uno de mis casos y está revisando el archivo para ver si lo podemos cerrar”, dijo la abogada. “De hecho, muchos de nosotros estamos revisando todos nuestros casos pendientes y contactando a los fiscales para pedir directamente que se ejerza la discreción”.

Según la documentación interna de ICE (ahora disponible al público en la página del public advocate (http://www.ice.gov/about/offices/enforcement-removal-operations/publicadvocate/) la deportación diferida se da en dos tipos de casos: personas en proceso de deportación que no tienen delitos previos, tienen familia e hijos, buena conducta y no están en la lista de “prioridades” y aquellos que actuarán como testigos en un crimen de parte de la fiscalía.

Lorenzen Strait fue nombrado el mes pasado como public advocate , una nueva figura dentro de ICE que tiene como tarea responder a las preguntas y preocupaciones del público respecto a la tarea que realiza ICE en la aplicación de las leyes migratorias del país.

Se trata de una especie de “ombudsman” que actuará como intermediario entre la enorme agencia federal y el público, organizaciones, abogados y activistas. La oficina también tiene representantes locales que se pueden ubicar en la página web.