Podría ser deportado por huelga de hambre de sus hijos

Ronald Soza, padre de los menores Cecia y Ronald Soza, está sujeto a un proceso de inmigración

Ronald y Cecia Soza, durante la huelga de hambre que realizaron para evitar la deportación de su madre Maricela Soza.

Ronald y Cecia Soza, durante la huelga de hambre que realizaron para evitar la deportación de su madre Maricela Soza. Crédito: EFE/Archivo / Zayra Mo

Miami.- Dos menores estadounidenses que realizaron una huelga de hambre en 2009 para tratar de evitar la deportación de su madre nicaragüense, ahora enfrentan la posibilidad de que su padre también sea enviado a Nicaragua.

Las autoridades detuvieron a Ronald Soza, padre de los menores Cecia y Ronald Soza, el jueves por conducir sin licencia en Broward, al norte de Miami, y aun cuando pagó una fianza y permanece bajo custodia del alguacil de ese condado, sujeto a un proceso de inmigración.

“Su hermano pagó una fianza, pero no sirvió de nada. Se cree que lo que pretenden es deportarle porque (las autoridades de Inmigración) lo estaban buscando desde que deportaron a la esposa”, dijo a Efe Nora Sándigo, directora ejecutiva de la Fraternidad Nicaragüense.

Soza, de 43 años, está en la cárcel principal de Broward, tras ser detenido por agentes policiales en un operativo de tránsito.

La detención ha afectado a los hijos del nicaragüense, quienes hace cuatro años ayunaron durante tres días como medida de presión para que el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) no deportara a su madre, Maricela Soza, luego de que un tribunal de Apelaciones denegó reabrir su caso.

“Es una situación difícil, pero tengo esperanzas de que todo va a salir bien y me van a regresar a mi papá. Pido que, por favor, lo dejen libre, él no ha hecho nada malo, y nosotros lo necesitamos”, dijo a Efe Cecia, de 15 años, quien habló en nombre también de su hermano Ronald, de 11 años.

Sándigo, quien se ha convertido en representante legal de los menores, afirmó que se encuentran en “una situación terrible”.

“Nada más tienen a su papá aquí y si lo deportan, se quedan solos, desamparados. Me tienen a mi, pero yo no soy su mamá, ni papá, no es lo mismo”, destacó.

La activista solicitó a las autoridades que liberen a Ronald y en caso de que sea trasladado al ICE, pidió que esta agencia se concentre en los “criminales que están sueltos en la calle que sí pueden ser una amenaza para la seguridad nacional. Este señor no anda colocando bombas”.

En un intento por lograr la liberación de Soza, otras organizaciones de la comunidad nicaragüense se han unido para emprender una campaña a nivel de las redes sociales y presentar el caso a los legisladores de cubanoamericanos de Florida Ileana Ros-Lehtinen, Mario Díaz-Balart, David Rivera y Marco Rubio.

Nancy Caldera, directiva de Nicaraguan Civic Task Force, informó a Efe que tratarán de que los legisladores intercedan en el caso para detener la posible deportación de Soza, a fin de que un abogado pueda reabrir su caso y se defienda ante un juez de Inmigración.

“Para que pueda quedarse en Estados Unidos y no dejar aquí a sus hijos abandonados”, precisó.

Esa organización, la Unión Nicaragüense-Americana y la Fraternidad Americana, lanzaron también una campaña en apoyo a los menores Soza en Facebook y en Twitter, para que los nicaragüenses en todo Estados Unidos se sumen a la causa.

Cecia y Ronald captaron la atención de los medios estadounidenses e internacionales en 2009 cuando hicieron una huelga de hambre en la sede de la Fraternidad Nicaragüense para evitar que deportaran a su madre.

Maricela Soza estuvo en el Centro de Transición de Pompano Beach del ICE, en Broward, luego de ser detenida cerca de su casa por pesar sobre ella una orden de deportación final.

La nicaragüense, que llegó a este país en 1997 tras cruzar la frontera entre México y EE.UU, fue acusada de entrar ilegalmente al país y puesta en proceso de deportación el 23 de julio de 2004, según informó el ICE en 2009.

Soza recurrió la decisión del juez ante la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) que desestimó el caso el 21 de julio de 2006.

Después un abogado solicitó reabrir su caso arguyendo que la mujer podía beneficiarse de la Ley de Ajuste para Nicaragüenses y Alivio para Centroamérica (Nacara), pero la petición fue denegada. EFE

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