Investigarán a Alan García por espionaje
El expresidente estaría envuelto en un caso de espionaje telefónico. Crédito: AP
Lima/Notimex – El fiscal peruano José Peláez Bardales anunció ayer una investigación al ex presidente Alan García, acusado de avalar la manipulación de pruebas en un caso de espionaje telefónico contra políticos y empresarios.
La Segunda Sala Penal para Reos en Cárcel ordenó a la Fiscalía investigar a García como presunto involucrado en la manipulación de discos compactos y memorias USB que contenían material interceptado por la empresa Business Track (BTR) en un caso de soborno petrolero.
Peláez Bardales dijo a periodistas: “no tendré ningún problema para investigar al ex presidente y a sus ex ministros, como lo ha pedido el tribunal que sentenció a los implicados en el caso de interceptación telefónica por parte de la empresa Business Track”.
Añadió que indagará de oficio la difusión de los llamados “petroaudios”, los cuales sugerían la negociación de licitaciones de lotes petroleros por parte de funcionarios del gobierno de García.
“De acuerdo con la prerrogativa del antejuicio que tienen algunos de ellos (García y sus ex ministros), podrían pasar a la Fiscalía de la Nación” para ser investigados, acotó.
El fiscal espera “ver qué dice la Corte Suprema. Si confirma la sentencia (contra ocho personas involucradas en este tema), estaremos prestos a investigar los hechos. No habría ningún problema porque ya sería un mandato de la Corte Suprema”.
Un colegiado de la Segunda Sala Penal para Reos en Cárcel condenó al ex almirante Elías Ponce Feijóo y al capitán en retiro Carlos Tomasio a siete años de prisión por el caso.
Giselle Giannotti Grados y los marinos Martín Fernández Virhúez y Jesús Manuel Ojeda Ángeles fueron condenados a cinco años, Jesús Tirado Olguín a tres años suspendidos por conducta, y los técnicos en telecomunicaciones Alberto Salas Cortez y Pablo Martell a dos años.
Todos ellos fueron declarados culpables de los delitos de asociación ilícita para delinquir e interceptación ilegal de las comunicaciones por espiar a empresarios y luego filtrar la información a la prensa. Los condenados deberán pagar una reparación civil de $65,000 a favor del Estado y $6,500 para cada agraviado, entre ellos el ex ministro Rómulo León Alegría y los empresarios Alberto Fortunato, Roberto Paredes Chirinos y María Revilla.
