‘Dreamer’ en el limbo

Pedro Gutiérrez, un joven huérfano de 24 años que fue traído por su abuelita a Estados Unidos cuando tenía 6, ha estado dos veces a punto de la deportación.

Hace un año tenía fecha de salida y, tras una intensa campaña de grupos simpatizantes, el gobierno de Estados Unidos le ofreció un permiso de un año para permanecer en el país.

Este año volvió a ocurrir lo mismo: el temor de ser deportado, la inminente fecha de salida y de nuevo un permiso de última hora, que se dio a conocer minutos antes de una teleconferencia preparada para divulgar el caso del joven.

“No hay manera de prepararse para una deportación. Imagino un país, México, del que casi no se nada. Para mí, un país extranjero”, dice Gutiérrez.

Activistas en Arizona y en Washington han intervenido en el caso de Gutiérrez desde su primera “casi” deportación. Los activistas y el abogado de Gutiérrez, Mo Goldman, afirman que el joven es el “típico caso que hubiera sido elegible para el Dream Act”.

“El año pasado habían diferido su deportación y este año pensábamos que la extensión no iba a costar mucho. Pero luego de solicitarla nos informaron que había sido negada y que lo iban a deportar”, dijo Goldman. “Tuvimos que contactar a congresistas y organizaciones para volver a llamar la atención sobre su caso”.

Gutierrez tiene aspiraciones de ser Marine de los Estados Unidos, igual que su abuelo. Su deseo ha sido inútil hasta ahora ya que no tiene un permiso de residencia, el estatus mínimo necesario para enlistarse. Tampoco ha podido seguir estudios superiores.

“Fui al college a ver si me inscribía en algo pero me pedían seguro social, intenté entrar en los Marines para hacer orgulloso a mi abuelo y a mí mismo y me dicen que no puedo”, apunta Pedro. “La verdad no me dejan muchas opciones”.

El servicio militar y los estudios universitarios son dos de las condiciones que se han planteado para la posible legalización de jóvenes indocumentados que vinieron a este país con sus familiares antes de tener la edad de decisión propia.

“Hemos hecho este trabajo por más de un año y hemos visto que la forma en que funciona es que cuando damos publicidad a un caso, nos dedicamos al caso y presionamos, el gobierno generalmente hace lo correcto”, dijo Gaby Pacheco, coordinadora de “Educación, no deportación”, un grupo en Tucson, Arizona.

El año pasado los activistas tenían la esperanza de que con el memo de Morton se iban a facilitar los casos de posibles ‘dreamers’ y personas con lazos en la comunidad y muchos años en el país. “Es una lástima pero las cosas siguen igual o peor, esperan hasta último minuto cuando la persona está a punto de subir al avión”, dijo Pacheco. “Es demasiado estrés en la comunidad, la familia y la misma persona. ¿Por qué no ahorrar todo ese tiempo y hacerlo automáticamente?”.

Funcionarios de ICE dijeron la semana pasada en una reunión comunitaria en Los Ángeles que estaban aplicando la discreción y las prioridades en deportación, pero que deben revisar caso por caso.