Lo que no se dice de la prostitución en Colombia

La prensa en los Estados Unidos se ha enfocado en los últimos días en cómo once funcionarios del Servicio Secreto y miembros de las fuerzas armadas bajaron la guardia en Cartagena, Colombia, potencialmente poniendo en peligro la seguridad del Presidente Obama -quien asistía a la VI Cumbre de las Américas- llevando alrededor de veinte mujeres, presuntamente prostitutas, a las habitaciones de su hotel.

Falta de la conversación el hecho de que esos once hombres estadounidenses fueron a un país Latinoamericano en busca de sexo. Supuestamente, la “agencia de viajes” hizo reservaciones para las prostitutas y dejó claro que la cocaína podría estar disponible a petición.

Como una amiga mía en Colombia señaló, parece que nos hemos vueltos complacientes en la presunción de que las mejores exportaciones de Colombia son sus mujeres y las drogas.

Al parecer, ahora Cartagena es un destino “oficial” para el turismo sexual. Aunque la prostitución es legal en Colombia, la inducción de mujeres – u hombres – en la industria del sexo no lo es. Las trabajadoras sexuales pueden ser objeto de trata y explotación, sobre todo cuando hay grandes eventos, como la Cumbre, y la demanda aumenta.

Si la prostitución es sólo un negocio, ¿por qué no son las trabajadoras sexuales protegidas por la jurisprudencia colombiana? La Corte Constitucional dijo claramente que las trabajadoras sexuales tienen garantizado el derecho a la remuneración. Una decisión judicial de 2010 reclamó que negarles sus derechos laborales “afecta[ría] de manera desfavorable a una minoría o grupo social tradicionalmente discriminado que se encuentra por tanto en condiciones de debilidad manifiesta”.

La agencia que supuestamente las reservó pretende servir como compañía intermedia que recibe el dinero y luego lo distribuye a las mujeres. La agencia parece cobrar unos $2,200 por día por “servicios”, sin embargo, como se sabe, una de las mujeres comenzó a discutir con los agentes para recibir su pago completo, que era alrededor de $50.

Que Cartagena esté siendo promovida por algunos como un punto de interés para los turistas del sexo no es un reflejo del número de mujeres interesadas en participar en esta actividad, sino de las condiciones que las impulsan a buscar alternativas para ayudarse a sí mismas y a sus familias.

Estas mujeres frecuentemente son impulsadas a la prostitución por la pobreza y el desplazamiento de las comunidades rurales. Estas condiciones de pobreza conllevan a la explotación, la violencia y la trata de personas.

En una industria que a diario se codea con la misoginia, las mujeres que voluntariamente se dedican al trabajo sexual tienen derecho a ser protegidas. La verdadera preocupación no debería ser la supuesta falta de vigilancia por parte de los agentes, sino un examen de las condiciones que existen y que obligan a las mujeres a tomar esas decisiones.

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