El Salvador asume culpa en masacre de 1981
Guayaquil/EFE – El Estado salvadoreño reconoció ayer ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) su responsabilidad en la masacre de El Mozote, en la que casi un millar de personas fueron asesinadas por el Ejército en 1981.
Casi 1,000 personas, entre ellas 450 niños, fueron asesinadas entre el 11 y el 13 de diciembre de 1981 en El Mozote y comunidades vecinas de El Salvador, país que por entonces estaba inmerso en una guerra civil (1980-1992).
Tres testigos narraron la matanza, perpetrada por el ya extinto Batallón de Infantería de Reacción Inmediata Atlacatl, en una audiencia celebrada en la localidad ecuatoriana de Guayaquil, en el marco del 45 Periodo Extraordinario de Sesiones de la CorteIDH, que inició ayer y se extenderá hasta el viernes próximo.
Durante la primera fase de la sesión, los representantes del Gobierno de El Salvador se abstuvieron de realizar preguntas a los testigos, aceptaron la veracidad de las declaraciones y reconocieron la responsabilidad del Estado en la comisión de los hechos denunciados.
El propio presidente de El Salvador, Mauricio Funes, pidió perdón en enero por lo que calificó como “la más grande masacre contra civiles de la historia contemporánea latinoamericana”.
El director de Derechos Humanos de la cancillería de El Salvador, David Morales, explicó que el Gobierno de su país es consciente del sistemático proceso que hubo durante 27 años para negar los hechos de El Mozote.
Además de los asesinatos, decenas de mujeres y niñas fueron violadas, otros habitantes fueron desplazados y se destruyeron todos los bienes de las poblaciones.
El presidente de la CorteIDH, Diego García Sayán, aseguró que este reconocimiento se incorpora al proceso y que será parte fundamental para dictar una sentencia.
La audiencia pública, que se efectúa en un salón con más de 300 personas en Guayaquil continúa con las versiones de los peritos llamados por la Corte y los alegatos finales de los representantes de las víctimas.
El acto finalizará con las observaciones que realice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
