La SB1070 remece Washington

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WASHINGTON, D.C.- Tras dos años de espera, este miércoles la Corte Suprema debatirá la ley SB1070. Organizaciones de derechos civiles y oponentes a la iniciativa, se alistan para la batalla en Washington, mientras en el Congreso, legisladores preparan un nuevo proyecto de ley, en caso que el tribunal respalde la medida.

Después de meses de silencio, inmigración está en el centro de la discusión política. No es para menos, el máximo tribunal debatirá el caso “Arizona versus Estados Unidos”, donde se decidirá si un estado puede legislar en el campo migratorio, en paralelo a lo establecido por la ley federal.

“El resultado no es muy predecible. Existe una oportunidad de que la corte se divida en 4 contra 4. Si el tribunal basa su veredicto en el tema de fondo, probablemente Arizona tenga una pequeña ventaja, considerando la decisión de la temporada pasada, en la ley de inmigración laboral del estado”, explicó Lyle Denniston, experto en Corte Suprema.

Este fallo se refiere al caso “Cámara de Comercio versus Whiting”, donde la Corte Suprema, se pronunció a favor de la Ley de Trabajadores Legales de Arizona, que autorizó el uso obligatorio de E-Verify y penalizó a los negocios que contraten indocumentados.

A diferencia de este caso, ahora la jueza Elena Kagan, se abstendrá de participar de las deliberaciones, por su desempeño anterior en el gobierno de Barack Obama, donde lidió con los efectos de SB1070.

En caso que el tribunal respalde la polémica ley de Arizona, el presidente de subcomité de inmigración del Senado, Charles Schumer (D-NY), planea presentar un nuevo proyecto de ley, probablemente en julio, para contrarrestar el fallo. Aún no existe un borrador del documento.

En él se evitaría que los estados y localidades ejerzan control sobre las leyes de inmigración, a menos que lo hagan con el consentimiento y supervisión del gobierno federal.

Esto implica que los estados no podrían promulgar penas civiles por violaciones de la ley de inmigración y que las fuerzas de seguridad locales tendrían prohibido detectar y arrestar a personas indocumentadas, a menos que hayan sido autorizados y entrenados por el gobierno federal.