NY bajo acecho de Comunidades Seguras

En vez de obligar al estado de Nueva York a implementar el controversial programa Comunidades Seguras, la administración del presidente Obama debe escuchar las advertencias de nuestros funcionarios electos y líderes comunitarios y suspender este plan de deportaciones masivas que separa a familias inmigrantes.

A partir de mañana, por medio de un sistema de base de datos federal fuera del control de la policia estatal y local, las autoridades chequearán el estatus migratorio de todos los arrestados a quienes se les tomen huellas digitales, antes de escuchar los cargos en su contra o de ser hallados culpables. Hasta hoy, sólo los arrestados que tenían órdenes de deportación eran referidos de nuevo a autoridades de inmigración. Ahora, cualquier inmigrante que caiga en custodia policial por presumirse responsable de un delito, aunque sea una ofensa menor, podría caer en un engorroso proceso de deportación.

El objetivo de esto, según el Gobierno Federal, es identificar a inmigrantes peligrosos y acelerar sus deportaciones – una descripción bastante benévola para un programa que ha sido ampliamente criticado por defensores de derechos civiles y jefes de cuerpos de seguridad.

El problema con Comunidades Seguras es -además de corroer la confianza de los inmigrantes en la policía y desmotivarlos a reportar crímenes- su ciega e insensible manera de categorizar a ‘deportables’ sin suficiente consideración de su historial cívico y lazos con la sociedad. Es por su estilo de ‘caigan justos por pecadores’ que, en lugar de deportar a ‘lo peor de lo peor’, ha puesto a miles de personas inocentes –y en consecuencia a sus familias- en traumáticos procesos de deportación, incluyendo largas estadías en controversiales centros de detención.

Desde su inserción parcial en 2008, el programa se ha atribuido la deportación de más de un millón de inmigrantes, casi la mitad de ellos no tenían antecedentes criminales. El año pasado, el Gobierno reconoció algunas de estas fallas cuando accedió a modificar aspectos del programa; aunque los cambios, anunciados este mes –el más importante fue la exclusión de arrestados por faltas de tránsito-, han sido recibidos como insuficientes.

La agresiva expansión de Comunidades Seguras, que apunta a funcionar en todos los estados para finales de 2013, se debe a que es la mejor herramienta de la Administración para alcanzar sus ambiciosas metas de deportaciones. Este es un plan políticamente inefectivo que en tres años y medio, y tras un saldo sin precedentes de deportados, no ha logrado ningún favor por parte de los republicanos; y es conceptualmente inconsistente viniendo del equipo que demandó al comisario Joe Arpaio de Arizona y que busca revocar la SB1070 de Arizona.

En ciudades como Nueva York, donde ya existen serias preocupaciones sobre el uso excesivo de perfiles raciales para identificar a sospechosos, o en jurisdicciones con historia de hostilidad hacia inmigrantes, y específicamente contra latinos, como Suffolk, Long Island, Comunidades Seguras puede dar pie a más abusos policiales y disparar la deportación de inmigrantes que no caen en la categoría de “amenaza pública”, sino en la clasificación de padres, hermanos, hijos y otros miembros de la comunidad.

Para los objetivos de Comunidades Seguras, Nueva York, con sus más de cuatro millones de inmigrantes, cerca de un millón de ellos indocumentados, luce como la gallina de los huevos de oro. Sin embargo, la inmensa mayoría de los inmigrantes que viven aquí son personas trabajadoras que enriquecen nuestra economía y cultura. El equipo de Obama está cometiendo un grave error. Comunidades Seguras debe ser abolido como programa nacional, y la decisión de activarla en Nueva York debe ser inmediatamente revocada.

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